El TSJC avala que el president jurara el cargo eludiendo la Constitución
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decidió ayer dar carpetazo a la denuncia interpuesta contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,y los consejeros de su gobierno por haber eludido las referencias al Rey y a la Constitución durante su toma de posesión.
En un auto remitido ayer, el Tribunal argumentó que no consta regulación específica sobre la forma de jurar el cargo y, por tanto, no tenían la “obligación legal de hacerlo”.
El 12 de enero pasado, Puigdemont utilizó durante su nombramiento como President una mo- dalidad inédita para iniciar el mandato: “Prometo fidelidad al pueblo de Catalunya”, obviando las referencias de fidelidad al Rey y a la Constitución. La fórmula levantó ampollas en el gobierno central que llevó al ministro de Justicia Rafael Catalá a advertir de que “en ningún caso se podían introducir elementos que desvirtuasen el juramento de las obligaciones y de la Constitución”.
Una semana después del acto, un partido radicado en Zaragoza, Unión Cívica Española, presentó una denuncia contra Puigdemont, los trece consellers del consejo ejecutivo y el secretario del Govern por las fórmulas empleadas durante su nombramien- to, y también contra la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell por haberlas permitido.
Los trece consellers habían optado por la fórmula de “prometer cumplir fielmente las obligaciones de su cargo con lealtad al Presidente de la Generalitat de Catalunya”, una modalidad que, como la de Puigdemont, también eludía citar la Constitución y el Estatut d’Autonomía.
El partido Unión Cívica describió el juramento como “la primera escena de la desconexión con el resto de España y el inicio de un plan para la proclamación de la independencia de Catalunya”. A todos ellos, les denunció por delitos de “prevaricación, desacato a la autoridad y traición a las Instituciones del Estado”.
El TSJC ve las fórmulas empleadas “carente de relevancia penal” y rechazó abrir un proceso contra los miembros del Govern. El Alto Tribunal arguye que “ni el Estatuto de Autonomía de Catalunya ni el Reglamento del Parlament regulan o contemplan el uso o no de alguna fórmula concreta de juramento o promesa”. Es decir, no existe una regulación catalana que indique como debe hacerse. E incluso va más allá, “ni el Estatut d’Autonomia ni la ley de Presidència no establecen siquiera que los miembros del Govern deban jurar o prometer sus cargos”. Esta circunstancia se debe a la “discrecionalidad exclusiva del Ejecutivo autonómico”, matiza.
Además, cuando Unión Cívica presentó la denuncia no incluyó ningún documento que mostrara la fórmula que utilizaron los dirigentes del gobierno catalán du- rante su nombramiento. Esta falta de pruebas, ha sido para el Tribunal, un elemento clave para archivar el caso. Los jueces reconocen que “no se puede llegar a dirimir si las fórmulas mencionadas en la denuncia pueden dar lugar a algún tipo de ilícito”.
En el escrito, el TSJC también recuerda que en el caso de que se hubiera cometido algún defecto en la forma de proceder a la promesa de los cargos , ello sólo afectaría al acto en sí. Y tampoco sería perseguible penalmente sino que correspondería a la jurisdicción administrativa.
La portavoz del Govern, Neus Munté, que tiempo atrás mostró su sorpresa por el hecho de que el juramento del president fuera objeto de debate, ayer celebró la decisión del TSJC: “Es una desautorización en toda regla de aquellos que solo saben ver ilegalidades o fórmulas ilegales allí donde no las hay: ni una ilegalidad”.