El alcalde culpa a sus técnicos de poca diligencia en la violación de Mataró
Bote dice que le ocultaron 7 días la agresión de la joven discapacitada del Biada
El Ayuntamiento de Mataró ha abierto un expediente para dirimir responsabilidades en el caso de la menor discapacitada, violada por dos individuos durante los recesos escolares del IES Miquel Biada. Según el gobierno municipal, la dirección del instituto obró correctamente y, en cuanto conoció los hechos la semana pasada, los puso en conocimiento de la dirección de Ensenyament de Mataró. Sin embargo, como ha admitido el alcalde, David Bote, ni su gobierno ni el concejal de Ensenyament, Miquel Àngel Vadell, tuvieron conocimiento hasta el pasado lunes, una semana después de las detenciones.
Se desconocen las causas que impulsaron a los responsables técnicos de Ensenyament de Mataró a ocultar unos hechos de tal gravedad. Fuentes próximas a la investigación sostienen que podría tratarse de una argucia para evitar que se viera afectada la preinscripción en el centro. El alcalde, por su parte, se mostró consternado por la disfunción burocrática, supuestamente intencionada, y aseguró que asumirá la responsabilidad que “nos toca”. Bote ha instado a su departamento a revisar los protocolos “porque los mecanismos no han funcionado” para detectar y evitar este caso.
El expediente incoado incidirá en otros aspectos sobre la protección de la chica de 17 años, violada en repetidas ocasiones. Así, al tratarse de una joven con una discapacidad mental del 57%, con un nivel intelectual comparable al de una niña de ocho años, investigarán el papel de los servicios sociales del Ayuntamiento de Premià de Mar, municipio de residencia de la menor, y si los servicios territoriales de Ensenyament del Maresme y la dirección general de Atenció a la Infància conocían el caso. Bote ha dado instrucciones para que, de forma coordinada con el Instituto Biada, se garantice el “bienestar de la alumna y sus compañeros de clase”. En paralelo, desde el gobierno municipal no descartan sancionar a los funcionarios que, por desidia u omisión deliberada, hubieran ocultado la agresión.
Los Mossos han confirmado que la primera denuncia de la madre de la menor se hizo efectiva el 7 de abril y que las detenciones se cerraron el 3 de mayo, una semana después de la orden judicial. Sobre dos de los detenidos, vecinos del barrio de Cerdanyola, se decretó prisión provisional sin fianza. A un tercero, también con discapacidad y que actuaba como señuelo, se le impuso una orden de alejamiento de la víctima.