Aval a obras de los okupas
CiU denuncia que el gobierno mira hacia otro lado ante las actuaciones sin licencia de una finca municipal en Sarrià
La recientemente creada Oficina Municipal de Transparencia y Buenas Prácticas ya tiene trabajo. El grupo municipal de CiU entró ayer por registro un escrito en el que denuncia posibles irregularidades del gobierno de Ada Colau en las casitas Torres García, una finca okupada en el número 29 de la calle Hort de la Vila, en Sarrià.
Según el concejal de CiU Jordi Martí, se están realizando obras de acondicionamiento en el interior de la finca –de titularidad municipal– sin ningún tipo de licencia ni permiso. Los trabajos no se ven a simple vista, pero Martí asegura que son “un peligro tanto para los que trabajan allí dentro como para los vecinos de las fincas adyacentes”.
El inmueble, comprado por el Ayuntamiento a finales del anterior mandato, fue el estudio del artista Joaquín Torres García, y está previsto que sea un equipamiento de barrio, pero aún no tiene los usos definidos. Llevaba años cerrado y el 10 de diciembre fue okupado por colectivos juveniles que demandan un espacio para ellos en el barrio. Desde entonces están adecuando el interior para realizar actividades. “Conocer que se hacen obras y no pararlo es una irresponsabilidad clara del gobierno, por acción u omisión están incumpliendo las leyes y ordenanzas municipales”, valoró Martí. Lo sabe y lo permite el concejal de Sarrià-Sant Gervasi, Gerardo Pisarello, que se reunió con los okupas y otras entidades a finales de febrero. Tras el encuentro, indicó que “antepusieron la búsqueda del interés general por delante de las visiones particulares para ponerse de acuerdo en una forma de gestión comunitaria de unos bienes comunes desaprovechados”.
Los arquitectos de una cooperativa visitaron el edificio a principios de marzo y definieron las reformas que eran necesarias. Según fuentes municipales hay un informe hecho, visado por el Col·legi d’Arquitectes y recepcionado por el Ayuntamiento ,que, a su vez, se ha trasladado a diversas entidades del distrito, ya que los grupos de cultura popular del barrio piden también su lugar en el inmueble.
Por ahora la casa sigue okupada, en obras y los convergentes denuncian “inacción del gobierno ante el conocimiento fehaciente de la comisión de un delito por parte de las personas responsables de las obras hechas sin licencia municipal”. Critican también que lleven meses presentando ruegos al Ayuntamiento y al distrito pidiendo información sin éxito. Fuentes municipales defienden que de las siete preguntas planteadas por CiU, cuatro han sido contestadas, una tiene una demora de cinco días y las otras dos aún están en el plazo de respuesta establecido en el reglamento municipal.
En el último pleno del distrito, a instancias del PP, se aprobó desocupar la finca y y hacer una auditoría de su estado de habitabilidad.
Gerardo Pisarello se ha reunido con los okupas y han acordado una “gestión comunitaria” de la finca