La votación del Parlament sobre el proceso alarma al TC
El Constitucional actuará de urgencia si se vota a favor de la desconexión La oposición pide a JxSí y la CUP que no lleven las conclusiones al pleno
El Tribunal Constitucional (TC) se encuentra en alerta. El motivo es la intención de los partidos soberanistas de llevar al pleno del Parlament de esta semana las conclusiones de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent.
El Constitucional ya lanzó una clara advertencia a la Mesa de la asamblea autonómica porque estima que algunos de dichos textos -que proponen la aprobación de las leyes de “desconexión” y la creación de una asamblea constituyente que no sería “susceptible al control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder”– se oponen frontalmente a la anulación realizada por el propio Tribunal de la declaración aprobada por el propio Parlament el 9-N.
El dato que ahora preocupa en grado sumo a los miembros del TC no es sólo el contenido de las conclusiones de la citada comisión, sino también que vayan a ser llevadas al pleno de la Cámara pese a las órdenes y advertencias realizadas. La última fue hecha la semana pasada, en la resolución que advertía de la inconstitucionalidad de reformas de la Carta Magna como las que proponen las fuerzas soberanistas en las conclusiones que se van a debatir.
No cabe esperar que el Constitucional vaya a permanecer pasivo ante la posibilidad de que el Parlament desatienda esos avisos. Si se produce la votación, o tal vez incluso antes, llegará al registro de la institución el correspondiente escrito de la Abogacía del Estado planteando una impugnación.
En los laboratorios jurídicos del Gobierno se sigue con atención la evolución de los acontecimientos. Y la trascendencia del caso puede provocar que el Constitucional utilice las medidas coercitivas que la última reforma legal de esta institución colocó en sus manos. El precedente de la convocatoria de la consulta del 9-N, pese a la prohibición explícita del TC, es ahora invocado en medios jurídicos como dato relevante a tener en cuenta.
La celebración de la citada consulta llevó a la presentación de una querella contra el entonces president de la Generalitat, Artur Mas, y las exintegrantes del Govern Joana Ortega e Irene Rigau, una acción penal que luego se extendió al exconseller de Presidència, Francesc Homs. Obviamente, no es función del Tribunal presentar querellas. Pero sí puede hacerlo la Fiscalía, por su cuenta o a instancias del Gobierno. Y lo que sí puede hacer el Constitucional, al igual que el Ejecutivo, es poner los hechos en conocimiento de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.
La situación de incertidumbre política que implica la existencia de un Gobierno en funciones no impedirá, en todo caso, que el Tribunal actúe en ejercicio de sus competencias. El Constitucional celebró la semana pasada su último pleno del presente trimestre y en teoría ha iniciado su paréntesis de vacaciones, pero los magistrados están pendientes de una posible convocatoria extraordinaria para reincorporarse en cualquier momento.
Si así sucede, lo harán, desde luego, con suma desazón. El TC no quiere ser protagonista de un choque de trenes entre instituciones. Por eso recibió con poco agrado la reforma de la propia ley orgánica que regula sus competencias. Dicho cambio legal le dio nuevas atribuciones para lograr que sus resoluciones se cumplan. Para evitar la situación en que tuviera que aplicarlas, el TC se ha preocupado de disponer en todas sus resoluciones sobre el proceso soberanista que su contenido se comunique directamente a las personas y cargos públicos afectados. De ahí la advertencia directa a la Mesa del Parlament, en cuanto a las conclusiones de la citada comisión de la cámara catalana. Pero ahora puede darse una situación singular –aunque tiene algún precedente– al llevarse las conclusiones directamente al pleno, una vez que la Mesa, el pasado martes, recibiera las conclusiones de la comisión y decidiera no tramitarlas, delegando implícitamente esa decisión en una sesión plenaria.