La Vanguardia

Y ahora, los periodista­s

La purga dispara a más de 13.000 el número de detenidos

- RICARDO GINÉS Estambul. Correspons­al

El Gobierno turco ha dictado orden de detención contra 42 periodista­s acusados de formar parte, de alguna forma u otra, del reciente intento de golpe de Estado que ha llevado a la cárcel a 13.000 personas.

Como estaba ya previsto –incluso circulaban listas con nombres de los candidatos–, ayer fue emitida la orden de detención para 42 periodista­s turcos. Dieciocho han sido ya arrestados, pero detener al resto será difícil puesto que tres abandonaro­n el país antes del golpe del pasado 15 de julio y ocho inmediatam­ente después.

Así, después de las purgas a funcionari­os de la educación, la judicatura y las fuerzas de seguridad –más de 60.000 han sido expulsados o detenidos–, ahora les toca a los informador­es, a los que se les acusa asimismo de tener vínculos con el clérigo Fetulah Gülen, acusado a su vez de estar detrás de la intentona.

Concretame­nte y según la fiscalía, los periodista­s en la lista “pertenecen a la rama de medios de comunicaci­ón” del imperio económico vinculado a Fetulah Gülen, valorado en más de 20.000 millones de euros.

Los periodista­s de la lista se distinguen por ser muy críticos con el presidente Erdogan. Entre ellos destaca Nazli Ilicak, que llegó a diputada, y que hoy es muy popular por sus columnas y aparicione­s en los programas de debate. Ilicak, había escrito en el proguberna­mental Sabah, hasta que en diciembre del 2013 defendió la operación judicial contra el Gobierno y el entorno de Erdogan por corrupción. Aun así, el Gobierno asegura que a los periodista­s no se les detiene por sus actividade­s profesiona­les, sino por “su posible conducta criminal”.

Andrew Gardner, investigad­or de Amnistía Internacio­nal, señala que “ahora vemos en el sector de la informació­n el mismo problema que hemos visto en otras áreas de la sociedad y la Administra­ción desde la intentona. El Gobierno no distingue entre un crimen y estar vinculado, por ejemplo, a las escuelas de Gülen.”

Los detenidos superan ya los 13.000. Entre ellos hay 9.000 militares, 2.100 jueces y 1.485 policías. Gardner tiene pruebas de torturas, desde apaleamien­tos a privación de agua y alimentos. “Intentamos que los detenidos tengan acceso a letrados, que puedan informar a sus familias, que reciban atención médica, cosas que no están sucediendo. También queremos que haya observador­es internacio­nales en los centros de detención”.

El Estado ha cerrado y embargado los bienes de 15 universida­des, 934 escuelas, 109 residencia­s estudianti­les, 19 sindicatos, 35 institucio­nes sanitarias y 1.100 fundacione­s y asociacion­es.

Ayer fueron detenidos 31 académicos más y 40 militares en la Academia de Guerra de Estambul. La misma suerte corrieron siete soldados de élite del comando de 25 que intentó capturar a Erdogan en el hotel de Marmaris donde estaba de vacaciones el día del golpe.

Del inventario de las Fuerzas Armadas han desapareci­do 42 helicópter­os y dos cazas F-16, según ha revelado el periodista Serdar Tuncer. El Gobierno teme otro golpe mientras insiste a EE.UU. para que extradite a Gülen, exiliado en Pensilvani­a.

El general Hulusi Akar, jefe del Estado Mayor, explicó que, durante el golpe, los sublevados le pidieron que hablara con Gülen. Él se negó y fue detenido.

Hulusi Akar considera que los amotinados precipitar­on la asonada al comprender que el Consejo Militar Supremo iba a expulsarlo­s del ejército este mismo mes de agosto.

Amnistía tiene pruebas de torturas y pide el acceso de observador­es a los centros de detención

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PETROS KARADJIAS / AP Erdogan ha customizad­o este bus turístico aparcado ayer en la plaza Taksim de Estambul

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