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El paso atrás del COI a la hora de sancionar a Rusia por los casos de dopaje generalizado, y los graves problemas de desnutrición en el Sahel.
LA decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de no imponer ninguna sanción a Rusia, después de haberse probado que ese país ha mantenido durante varios años un sistema de dopaje de sus deportistas organizado por el propio Estado, es un duro golpe a la lucha por un deporte limpio. La máxima autoridad olímpica no se ha atrevido a prohibir la participación de Rusia en la próxima cita de Río de Janeiro, se ha lavado las manos y ha trasladado la responsabilidad a las federaciones deportivas internacionales para que decidan sobre la presencia de los atletas de ese país en las respectivas competiciones. Con ello se ha perdido una oportunidad de oro de lanzar un claro mensaje contra el dopaje desde la cúpula del olimpismo.
Ha tenido razón el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, cuando ha dicho que su decisión no iba a gustar a todo el mundo. Para empezar, ha sido la propia Agencia Mundial Antidopaje (AMA) la que se ha mostrado decepcionada con la respuesta de este alto organismo deportivo por la imagen de impunidad que supone frente al dopaje.
La exclusión total de Rusia de los Juegos de Río, que es el castigo máximo exigido por la AMA, habría supuesto la aplicación de una justicia colectiva contra todos los atletas rusos en la que habrían pagado justos por pecadores. Pero, entre este castigo máximo y el no haber adoptado ninguna sanción contra Rusia, existía un largo camino intermedio para la reconvención de las graves irregularidades cometidas por ese país que no se ha explorado. Para muchos, esta actitud de total condescendencia con Rusia, donde la política se ha impuesto por delante del deporte, traicionaría los valores del propio COI de una tolerancia cero con el dopaje.
En los pocos días que quedan para el inicio de los Juegos Olímpicos, que comienzan el 5 de agosto, habrán de ser las respectivas federaciones internacionales, hasta un total de veintiocho, las que decidan sobre la participación de los 387 deportistas que forman parte de la delegación rusa. A ninguno de ellos, en virtud de la actuación de su país, según el COI, se le puede aplicar la presunción de inocencia, y por eso deberán demostrar que están limpios y someterse a un riguroso programa de pruebas adicionales, realizadas fuera de Rusia. También se prohíbe competir a todos aquellos rusos con historial de dopaje en el pasado. Estas normas podrían crear problemas legales al propio Comité Olímpico Internacional por el trato diferencial que establece con deportistas de los otros países. Pero es evidente que algo debía hacer.
De momento, sólo el equipo de atletismo ruso, formado por 67 atletas, está suspendido por decisión de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), que preside el británico Sebastian Coe, y que se ha mostrado inflexible. Difícilmente otras federaciones adoptarán una decisión similar, ya que lo lógico es que opten por el control individual de los deportistas, como ha propuesto el propio COI.
El COI ha privilegiado la justicia individual frente a la colectiva, pero ello no le exime de su obligación de exigir a Rusia una investigación exhaustiva sobre el dopaje en su país, el castigo a los responsables y la adopción de medidas para erradicarlo, un camino en el que –al menos de cara a la galería– se ha comprometido ya el presidente Vladímir Putin al haber anunciado la creación de una Comisión Nacional Antidopaje.