Loveparade sin justicia
Familiares de los 21 muertos de Duisburgo piden la reapertura del caso
Seis años después de la avalancha humana en la Loveparade de Duisburgo (Alemania), con 21 jóvenes fallecidos entre los que había dos Erasmus de Tarragona, Clara Zapater y Marta Acosta, los familiares siguen exigiendo justicia. Coincidiendo con el trágico aniversario, entregaron ayer 362.834 firmas ante el Tribunal de Apelación de Düsseldorf pidiendo la reapertura del caso, archivado en marzo por el Tribunal de Duisburgo al concluir que no hay indicios racionales de criminalidad.
“Tengo un pensamiento contradictorio; esperanza de que el tribunal de apelación nos dé la razón y se llegue a juicio, pero soy pesimista con el resultado final del caso. El sistema judicial alemán es ineficaz, anacrónico, imperfecto y disperso, sus leyes siguen sin tipificar muchos delitos”, explica el abogado Paco Zapater, padre de Clara, que tenía 22 años. “La ley alemana no prevé indemnización por la muerte por un acto imprudente, esto pasa en pocos países”, añade. Los familiares, reunidos desde el viernes en Alemania y muy unidos durante todo este tiempo a pesar de las dificultades idiomáticas (hay víctimas de seis países), se sienten doblemente maltratadas y han visto con impotencia cómo la investigación judicial se eternizaba sin responsabilizar a nadie de lo sucedido. “No recuerdo ningún caso con tanta proliferación de pruebas visuales, y la imagen es una prueba fundamental, objetiva. Hay miles de imágenes de lo que pasó aquel día, las que grabaron los asistentes a la fiesta con sus móviles y las de las cámaras del recinto”, denuncia Zapater.
El fiscal del caso, que detectó deficiencias de seguridad y en la organización del acto, imputó en el 2014 por los delitos de homicidio involuntario y lesiones involuntarias a un total de diez personas, seis empleados del Ayuntamiento de Duisburgo y cuatro más de la empresa organizadora de la fiesta, sin procesar a ninguno. Según la investigación se dejó acceder a entre 500.000 y 1,4 millones de personas a una fiesta organizada para 250.000. Un túnel de 200 metros de largo y 18 de ancho por el que tenían que pasar todos los asistentes acabó por convertirse en una trampa mortal para las víctimas, incluidos 652 heridos.
Si la respuesta del Tribunal de Apelación, la última instancia de la vía ordinaria, es negativa, las familias recurrirán al Constitucional alemán y, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.