Bruselas ve ilegales 140 millones otorgados por el Estado a Adif
La Comisión Europa obliga a España a recuperar el dinero público
España deberá recuperar 140,7 millones de euros que concedió a Adif desde el 2011 para que construyera en Málaga un centro de ensayos de trenes de alta velocidad. La Comisión Europea considera que se trata de una ayuda de Estado “incompatible” con las normas que regulan la libre competencia.
Ayer, Adif informó en un comunicado de que pagará “en la próximas semanas” el dinero que el Ministerio de Economía anticipó.
El proyecto consistía en la creación de un circuito ferroviario en el que se pudieran probar trenes que circulasen a una velocidad de hasta 520 km/h. Una infraestructura que para Bruselas no responde al interés común y que es comercialmente inviable, porque no hay apetito en el mercado “por desarrollar productos que funcionen a esas altas velocidades”, especificó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
En la práctica estos trenes sólo pueden alcanzar un máximo de 350 km/h y para probar convoyes de este tipo “ya existen centros de ensayo en la Unión Europea”. España, por tanto, estaba perjudicando la libre competencia, subvencionando un circuito que no aporta ninguna novedad en el mercado único. El Gobierno, además, empezó a otorgar estas ayudas antes de comunicárselo a la Comisión, infringiendo así las normas. Y es que los proyectos sólo se pueden sufragar después de que Bruselas haya determinado si la financiación pública no es contraria a las reglas que regulan el libre mercado.
La orden llega tras una investigación que inició la Comisión Europea el año pasado, que le ha llevado a concluir que pese a la financiación pública concedida, ningún inversor privado ha mostrado interés en participar del proyecto. Así pues, “se esperaba que generase pérdidas durante todo su periodo de funcionamiento”, de tal forma que nunca se llegase a recuperar los 358,6 millones que hubiera costado su construcción. “El coste público hubiera sido desproporcionadamente alto y España no consiguió demostrar que las ventajas del proyecto compensaran los costes de producción y las pérdidas de explotación”.
Además, el Ejecutivo comunitario considera que la obra no contribuye a promover el desarrollo sostenible en Andalucía, la región con más paro de España. Sus efectos positivos sólo se verían a corto plazo, gracias a la creación de los puestos de trabajo temporales que se generarían durante la construcción del circuito.
El Gobierno español tendrá ahora un plazo de dos meses para comunicarle a la Comisión Europea de qué forma va a recuperar los 140,7 millones de euros. A partir de ese momento, Adif dispondrá de cuatro meses más para devolverlos, por lo que el Estado no podrá contar con ese dinero, en principio, hasta dentro de medio año.