Régimen sin fin
Los convocantes quieren que el Gobierno ponga fecha al referéndum revocatorio
El chavismo da otra vuelta de tuerca a la represión en las horas previas a la movilización convocada por la oposición para exigir al Gobierno la fecha del referéndum constitucional que podría revocar el mandato de Nicolás Maduro.
El régimen chavista da otra vuelta de tuerca a la represión en las horas previas a la “Toma de Caracas”, la movilización nacional convocada por la oposición para exigir al Gobierno la fecha del referéndum constitucional que podría revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. El acoso emprendido por el oficialismo contra sus adversarios sugiere que la marcha de mañana en la capital venezolana no será una más sino una protesta multitudinaria y transversal de decenas de miles de ciudadanos, desesperados por la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación, los cortes de luz y agua, y la inseguridad fuera de control. Un escenario de crisis humanitaria que toma visos de catástrofe.
Las últimas encuestas indican que el presidente Maduro ya sólo contaría con el apoyo de un escaso 20% de la población. El otro 80% expresa sin vacilar que el mandatario venezolano debe irse y muestra su apoyo a la manifestación. Así las cosas, el régimen chavista ha recrudecido el acoso contra la oposición con nuevos arrestos y allanamientos en las residencias de algunos de sus líderes.
Anteayer fue detenido en la capital Yon Goicoechea, dirigente opositor, acusado de transportar detonantes para explosivos. El viernes, Daniel Ceballos, el ex alcalde de San Cristóbal (en la región de los Andes) que se encontraba en arresto domiciliario, fue trasladado sin previa notificación a una cárcel del estado Guárico (centro del país). Ambos militan en Voluntad Popular, el partido que encabeza Leopoldo López, recluido en un penal militar desde febrero del 2014 bajo la acusación de instigar las protestas que estallaron entonces y dejaron 43 muertos. Durante el pasado fin de semana, la policía practicó registros en las casas de opositores en varios estados del país, mientras el Gobierno prohibía los vuelos privados y de aeronaves no tripuladas sobre Caracas, para impedir imágenes aéreas de la concentración. La madrugada del lunes, desconocidos lanzaron bombas incendiarias contra el diario El Nacional, uno de los pocos medios que el chavismo no controla.
“Hay un desborde represivo por parte de la cúpula gobernante”, afirmó Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, alianza opositora que convoca la manifestación), y lo atribuyó a la “desesperación” del oficialismo por evitar una participación que se prevé masiva. Las
Los contrarios al presidente denuncian allanamientos y arrestos para evitar el éxito de la movilización
fuerzas armadas han establecido retenes en la carreteras de todo el país para tratar de bloquear el paso a las caravanas de manifestantes que se desplazan hacia la capital, en tanto el oficialismo organizaba su propia manifestación para el mismo día. “El 1 de septiembre no es el final de nada. Es el inicio de un proceso, de una fase que será muy probablemente definitiva en esta crisis política”, indicó Torrealba.
La oposición usará la movilización para impulsar la recolección en las próximas semanas de las firmas del 20% de los electores registrados en el padrón (3,9 millones de votantes), requisito imprescindible para activar el referendo contra Maduro. El Gobierno se ha negado hasta ahora a fijar una fecha para la celebración de la consulta. La MUD apuesta por realizarla este mismo año, pero el calendario que propone el Consejo Nacional Electoral para el acopio de rúbricas (del 24 al 30 de octubre) le deja un margen de maniobra mínimo. Si la votación se lleva a cabo antes del 10 de enero del 2017 –cuando se completa más de la mitad del mandato presidencial– y Maduro es derrotado, habrá nuevas elecciones. Pero la Constitución establece que si el referéndum se celebra tras esa fecha, los años de gobierno deben ser completados por el vicepresidente.