Conflicto institucional
El Parlament argumentará que la Mesa no intervino en la votación suspendida
El Parlament presentará alegaciones ante el Tribunal Constitucional sobre la comisión del Procés Constituent.
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los diputados de Junts pel Sí miembros de la Mesa se inclinan por que la Cámara catalana presente alegaciones ante el Tribunal Constitucional (TC) para que este reconsidere la anulación de las conclusiones de la comisión sobre el Procés Constituent y defender así a los miembros de la Mesa de las acusaciones que se les imputan. Una vía que el Govern de la Generalitat apoya pese a considerar que el Alto Tribunal está politizado y carece de legitimidad.
Así lo expuso ayer la vicepresidenta Neus Munté, quien aseguró que el Ejecutivo de Carles Puigdemont “apoyará a la Mesa y a la presidenta Carme Forcadell en la decisión que adopten en su legítima defensa”. La portavoz del Govern eximió a Forcadell de cualquier responsabilidad en la aprobación de dichas conclusiones, que contemplan la unilateralidad para culminar el proceso de independencia, y sostuvo que se limitó a ejercer su deber como presidenta de la institución al dar trámite a su votación en el pleno del 27 de julio. Un argumento similar al que incluirán los servicios jurídicos del Parlament en su escrito al TC, según fuentes de la Mesa.
La Fiscalía se inclina sin embargo por abrir la vía penal contra Forcadell al considerar, tal y como avanzó La Vanguardia, que puede haber incurrido en un delito de desobediencia al convocar el debate y la votación de las conclusiones. Si el TC asume la tesis del fiscal, la presidenta de la Cámara se enfrentaría a multas de hasta 30.000 euros o a la inhabilitación del cargo. “Sería muy grave que se iniciase la vía penal para suspender del ejercicio a una persona que ha sido escogida por el Parlament de Catalunya”, subrayó Munté al respecto.
Después de cierto debate en el seno del Govern y de Junts pel Sí sobre si se debe pedir amparo al TC en este nuevo frente judicial o poner en práctica la desobediencia que exige la CUP y algún diputado de ERC, ha acabado imponiéndose lo primero. Tanto desde el Ejecutivo como desde Junts pel Sí han remarcado en diversas ocasiones que el Constitucional carece de legitimidad, una posición que recoge la declaración rupturista del 9 de Noviembre, también anulada por el TC. Aun así, la vicepresidenta no ve contradicción alguna entre esta crítica al Alto Tribunal y acudir a él cuando sea oportuno. “Tenemos el derecho de defendernos mediante los instrumentos a nuestro alcance”, señaló. Munté también recordó que si se quiere recurrir a instancias internacionales –sería el caso del Tribunal de Estrasburgo– primero han de agotar todas las vías jurídicas previas, y esto incluye el TC.
La Mesa del Parlament, con mayoría de Junts pel Sí, formalizará mañana su decisión de alegar ante el Constitucional. Una decisión que podría volver a dividir a los miembros de la Mesa. Ciutadans quiere estudiar el sentido de las reconsideraciones que presente el Parlament, pues cree que la votación de las conclusiones sobre el Procés Constituent incumplió el reglamento de la Cámara y las resoluciones del TC. “Si las alegaciones defienden que el Parlament o los políticos pueden incumplir la ley o las sentencias judiciales, no estaremos de acuerdo con estas y no las apoyaremos”, señalan desde el grupo que lidera Inés Arrimadas.
Por otro lado, Munté confirmó también que el president Puigdemont se reunirá con la CUP y el resto de grupos parlamentarios para abordar la cuestión de confianza a la que se someterá el 28 de septiembre. En cuanto a la exigencia de los antisistema de celebrar un referéndum unilateral de independencia (RUI) el año que viene, la portavoz del Govern señaló que es “prematuro” poner fecha a un instrumento “que no cuenta con el consenso suficiente ni está en la hoja de ruta”, si bien se mostró dispuesta a escuchar y valorar todas las aportaciones.
C’s valora oponerse a que la Cámara pida amparo al Tribunal Constitucional según el sentido del recurso