La actitud
Está escrito en el Eclesiastés: “Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo: un tiempo para nacer, y un tiempo para morir; un tiempo para plantar, y un tiempo para cosechar; un tiempo para destruir, y un tiempo para construir (…)”. Hay también, por tanto, un tiempo para hablar y un tiempo para hacer. Así lo pienso con referencia al tópicamente denominado problema catalán, que yo siempre he preferido definir como el problema español de la estructura territorial del Estado, que se plantea cada vez que España recupera la libertad (así, al proclamarse la Segunda República y durante la transición). Y, respecto al mismo, entiendo que ya nos lo tenemos todo dicho. Las respectivas posiciones están fijadas: una parte de la población catalana es, con intensidades y matices diversos, independentista; y otra parte es partidaria de preservar la unión con España, también con argumentos y sensibilidades distintas. Ni los unos ni los otros vamos a cambiar. Huelga dar vueltas a recíprocos agravios, viejas ofensas, proclamados expolios, proteccionismos antiguos y desencuentros varios. Ha llegado el momento de hacer, de buscar un arreglo, un apaño expresado en un pacto que no tenga voluntad de poner fin definitivamente al contencioso, sino tan sólo de ganar tiempo e impedir un enfrentamiento, a la espera de que el cambio de circunstancias que inevitablemente se producirá en un futuro no lejano, erosione las aristas de las respectivas posiciones.
Así las cosas, la primera obligación que tenemos todos es reconocer este hecho, es decir, la existencia de un problema, que viene incidiendo de forma decisiva en la historia de España desde hace más de un siglo. Negar su existencia sólo conduce a su enconamiento. En consecuencia, hay que admitir que somos adversarios, pero sin dejar que esta confrontación se encone hasta convertirnos en enemigos, porque la diferencia entre unos y otros es clara. Los adversarios están dispuestos a resolver sus diferencias sujetándose a unas reglas preestablecidas, con la finalidad de eludir así el uso de la fuerza; mientras que los enemigos no se sujetan a normas y todo lo fían a su mayor poder. El debate entre adversarios se resuelve pacíficamente; la lucha entre enemigos comporta, en todo caso, uno u otro tipo de violencia.
La segunda obligación es cuidar el lenguaje. Los actores, grupos o medios –sean de la naturaleza que sean– que ejercen una notoria influencia social deben cuidar muy mucho el lenguaje que utilizan al referirse a su adversario, pues el lenguaje puede ser usado como una herramienta de manipulación y control social, es decir, de dominación. Esta dominación a través del lenguaje puede darse en toda época y en cualquier circunstancia, manifestándose de muy diversas formas. Una de ellas –la más común– es la denigración sistemática y continuada del adversario, convertido así en enemigo, al que se le atribuyen todos los males sin reconocerle ninguna virtud, ninguna cualidad, ninguna buena obra, ningún tipo de mérito. Cuando una persona, un grupo, un bando, una facción o una nación son objeto permanente de descalificación, escarnio, insulto, repudio, desprecio y crítica destructiva, hagan lo que hagan, por parte del poder o por un grupo o medio con capacidad de influencia social, la consecuencia es inevitable: un sector de la población hace suyo este lenguaje denigratorio –lo mimetiza–, de manera que sus sentimientos y su voluntad se ven condicionados por el mensaje de enfrentamiento implícito en aquel lenguaje. Este lenguaje incuba la violencia.
Y la tercera obligación que tenemos todos es medir muy bien las propias fuerzas. Quebrantar un orden jurídico establecido democráticamente, cualquiera que sea el juicio moral o político que nos merezca, es una opción muy seria por las consecuencias que conlleva. La razón es clara: detrás de todo orden vigente hay personas y grupos interesados en preservarlo y dispuestos a utilizar en su defensa todos los medios de que dispongan, hasta el empleo de la fuerza, que para ellos será legítima pues constituye precisamente la salvaguarda y la garantía últimas del orden que quieren mantener. De ahí que hacer tabla rasa de una legalidad existente y sancionada en su
Antes de romper con la legalidad vigente hay que evaluar las propias fuerzas, de ellas dependerá el resultado
día por todos sea una decisión de una gravedad extraordinaria, dado que provocará inevitablemente un enfrentamiento que se sabe como comienza pero no como termina. De ahí que sea imprescindible, antes de pasar el Rubicón, es decir, antes de romper con la legalidad vigente, evaluar muy bien las propias fuerzas, pues de ellas dependerá al final el resultado de la acción. Por lo que sobran la jactancia, la improvisación, la arrogancia y las prisas.
De lo que se desprende una conclusión evidente. El enfrentamiento no es nunca la consecuencia inevitable de la disparidad de ideas, sino el fruto de una compartida actitud errónea, caracterizada por la falta de realismo, por la utilización sesgada del lenguaje y por la sobrevaloración de las propias fuerzas. Nuestro problema es de actitud.