La deuda de Adif por la extensión de la red del AVE supera los 14.000 millones
Competencia ve riesgos para la sostenibilidad de la actividad del ente ferroviario
Las cuentas del día a día salen, pero el futuro no está despejado. Todo lo contrario, parece seriamente comprometido. Adif Alta Velocidad, la entidad empresarial dependiente del Ministerio de Fomento responsable de la gestión de la red ferroviaria de altas prestaciones –la mayor de Europa y la segunda del mundo después de la de China, con 2.672 kilómetros–, así como de su ampliación, acumula una deuda superior a 14.000 millones de euros. Y la perspectiva no es buena ya que está previsto seguir construyendo difiriendo el pago de las obras con financiación externa. Así lo ve la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la última instancia oficial en poner el grito en el cielo ante esta situación –el año pasado ya lo hizo el Tribunal de Cuentas– y en advertir del riesgo que existe para la sostenibilidad de la compañía.
El informe sobre la propuesta de cánones para el 2017 del organismo que preside José María Marín Quemada plantea un aumento de este peaje que el gestor ferroviario cobra a los operadores por usar la infraestructura, principalmente a Renfe, menor que el propuesto por Adif, un 4,2% en vez del 15% (véase La
Vanguardia del pasado sábado). Pero va más allá y en su análisis de las cuentas de la empresa –las del 2014 y las del 2015– enmienda su modelo económico. A su juicio, el administrador “tiene dificultades, sin recurrir a financiación adicional, para cubrir sus obligaciones de pago, puesto que los recursos generados por las operaciones no permiten satisfacerlas” y añade que “los niveles del ratio deuda/ebitda, de unas 60 veces, ponen en riesgo la sostenibilidad de la actividad”. La práctica demuestra que para poder sufragar los gastos de explotación y el coste de la ampliación de la red, hay que aumentar todas las vías de ingresos y también el endeudamiento. La extensión proyectada precisa más 12.000 millones.
El Gobierno dividió Adif en dos sociedades en diciembre del 2013 para no tener que declarar ante la Unión Europea como pública la abultada deuda contraída por la alta velocidad. Los criterios contables comunitarios que entraron en vigor en septiembre de 2014 obligan a declarar como públicos los endeudamientos de las empresas que reciben más del 50% de sus ingresos con cargo a los presupuestos estatales. En esta situación está la red convencional pero no la de alta velocidad, que no tiene subvenciones a la explotación y la mayor parte del coste se cubre con los cánones y el suministro de energía de tracción.
La deuda de Adif Alta Velocidad a 31 de marzo del 2016 es de 14.279,9 millones, de los que 11.429,9 millones son préstamos a largo plazo, la mayoría del Banco Europeo de Inversiones (BEI), 9.848,7 millones (el 68,96%). Los de otras entidades (BBVA, Sabadell, Santander e ICO) suman 1.581,3 millones (11,07%). Además, emitió 2.850 millones (19,96%) en bonos a renta fija. Hasta el 2021 vencen créditos por 2.830 millones (19,82% del total); entre 2022 y 2025, por 4.684 millones (32,80%) y del 2026 en adelante, por 6.765 millones (47,38%). Los tipos son fijos a vencimiento para 10.528,7 millones (73,73% del total), fijos revisables para 1.560 millones (10,92%), variables con diferencial fijo para 522,8 millones (3,66%) y variables con diferencial variable para 1.668,3 millones (11,68%).
“Si se añade el coste de financiación de las inversiones acometidas, consecuencia del alto grado de apalancamiento, se lastran de manera notable los resultados, puesto que estos gastos son muy elevados, superiores a 300 millones”, advierte la CNMC. En cualquier caso, el organismo considera que con la actual “estructura de financiación de corto a largo plazo (…) no existen tensiones de liquidez”. En el ejercicio pasado, Adif Alta Velocidad perdió 361 millones después de impuestos, un 66% más que en el 2014 y un 28% más de lo previsto en los presupuestos generales del Estado.
LAS AMPLIACIONES Las líneas proyectadas requieren nuevas inversiones de más de 12.000 millones EN NÚMEROS ROJOS La compañía estatal perdió 361 millones en el 2015, un 66% más que el ejercicio anterior