Corrupción, capital social y crecimiento
La crisis ha impactado negativamente en el capital social español
Disponer de un elevado nivel de capital físico, humano y en activos intangibles es importante para alcanzar elevadas tasas de crecimiento económico y bienestar. Pero hay otra forma de capital que también es importante: el llamado capital social, basado en la confianza en las personas y en las instituciones que reduce los costes de transacción y por tanto de producción, haciendo a las economías más eficientes.
El último Esenciales de la Fundación BBVA muestra el impacto que la crisis ha tenido en el deterioro del capital social en España, si bien alguna de sus dimensiones se ha comportado mejor que otras. Así, la confianza en la gente ha caído en los años de crisis y se sitúa en la actualidad ligeramente por debajo de la media europea. Pero la confianza en las instituciones públicas ha caído con más intensidad según el Eurobarómetro de la Comisión Europea, en casos como el Parlamento, la justicia y los representantes políticos, siendo la caída más moderada en el promedio de la UE-28. La salida de la recesión a mediados del 2013 ha mejorado la confianza en las instituciones judiciales españolas y en el Parlamento, aunque los niveles actuales de confianza están muy por debajo de los existentes antes del estallido de la crisis y también de los de la UE-28.
Mención especial merece la confianza en los partidos políticos, ya que siempre se ha situado en España muy por debajo de la media europea. Cayó más de 30 puntos porcentuales durante la crisis y no se ha recuperado con la salida de la recesión. El último dato referido al 2016 muestra que sólo el 10% de la población confía en los partidos políticos, 10 puntos porcentuales menos que en la UE-28.
Estos datos muestran que la crisis ha pasado factura a la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, lo que supone una rémora para el crecimiento económico. Y los políticos se llevan la palma, a lo que sin duda ha contribuido un buen número de sonoros casos de corrupción. De hecho, la evidencia muestra una relación negativa entre el nivel de corrupción en las instituciones públicas y la confianza de la gente, siendo el índice de corrupción de España el más alto de todos los países de la Unión Europea.
En este contexto, es una buena noticia que luchar contra la corrupción sea una de las cinco prioridades señaladas por el nuevo Gobierno como cuestión de Estado, donde es necesario alcanzar pactos para implementar reformas, y que esta cuestión aparezca a la altura de otras no menos importantes como el desempleo, el sistema de pensiones, el modelo educativo y la reforma del sistema de financiación autonómica.