Homenaje y renovación constitucionales
AYER se celebró el 38.º aniversario de la Constitución española de 1978. Esta Carta Magna es ni más ni menos que el pórtico del más largo periodo de democracia en España y, también, su garante. Fue un texto elaborado y pactado por las grandes fuerzas políticas de la época, incluido el nacionalismo catalán, que ha rendido un enorme servicio al país, a modo de herramienta de convivencia.
Ahora bien, son tan ciertas las virtudes de la Constitución de 1978 como la necesidad de reformarla. Impulsores de la Constitución norteamericana de 1787 apuntaron ya la posibilidad de someter a reformas periódicas este tipo de normas. No a menudo ni a la ligera, pero sí, por ejemplo, cada vez que un nuevo ciclo histórico o generacional alterara el marco de convivencia y obligara a adecuar la ley a sus necesidades. La Constitución española no es una excepción. Hace tiempo que se habla de su posible reforma. Y ayer, durante los actos conmemorativos que acogió el Congreso de los Diputados, esa posibilidad volvió a estar en boca de todos.
El paso del tiempo no se detiene. Y ahora, de la mano de las redes sociales y la hiperconectividad, parece pasar más deprisa que nunca. Lo cual tiene ya de por sí un efecto apremiante. A ello hay que añadir la irrupción de nuevas fuerzas en el Parlamento y las tensiones del conflicto territorial. Estos fenómenos han suscitado reproches al citado marco legal, algunos injustificables. Se ha llegado casi a criminalizar el “régimen del 78”, lo que es una insensatez supina. Entre aquellas urgencias y el quietismo característico del Gobierno popular cabe una vía intermedia donde puedan atenderse los anhelos de los españoles. Acaso no todos, porque son difíciles de conciliar, pero sí, al menos, los más razonables.
Las peticiones de la reforma constitucional no son, como decíamos, nuevas. Hace ya diez años que el Consejo de Estado emitió un informe que esbozaba cuatro reformas pertinentes. Eran las relativas al Senado, la inclusión del nombre de las comunidades autónomas, la referencia a la Unión Europea y la retirada de la prevalencia del varón en la sucesión al trono. En el último decenio han ido aflorando otras peticiones. El PP avanza con pies de plomo por este terreno –Rajoy volvió a mostrarse ayer extremadamente cauto–, pero es probable que no se opusiera a cambios como los ya mencionados para el Senado o la sucesión monárquica. El PSOE ha reiterado su apuesta por un Estado federal. Y Podemos, a diferencia de dichas fuerzas, apoyaría una reforma que recogiera el derecho a decidir. Son algunas de las peticiones, pero no las únicas. Otros querrían que la Constitución facilitara la reforma de la ley electoral o de la selección del Tribunal Constitucional.
Como es obvio, el alcance de la reforma genera divergencias. Sin embargo, empieza a haber consenso sobre la necesidad de acometerla. Es lógico. La Constitución de 1978 se acerca ya a los 40 años, y dejando de lado la reforma exprés –prueba, por otra parte, de que los cambios son posibles– que se hizo a petición europea en el 2011 para garantizar la estabilidad económica, lo cierto es que ha sufrido pocos retoques. O sea, que no ha evolucionado al ritmo de la sociedad. Así las cosas, es necesario que los partidos hallen el momento adecuado y busquen consensos para el cambio. Aunque no complazcan a todos. De no hacerlo, pueden acabar contribuyendo no ya a la renovación, sino al envejecimiento de la Constitución de 1978. Y ese sería uno de sus peores y más peligrosos servicios al país.