La banca deberá pagar 4.000 millones de las cláusulas suelo
El Tribunal de la UE tumba el fallo del Supremo que acotaba las devoluciones Europa revoca también las ayudas a la inversión en el exterior
La Unión Europea dio ayer una buena noticia a los titulares de los tres millones de contratos hipotecarios firmados en España con cláusulas suelo susceptibles de ser consideradas abusivas y que les han impedido beneficiarse plenamente de la fuerte caída de los tipos de interés. Los bancos deberán devolverles todo lo que les cobraron de más –y no sólo las cantidades posteriores al 9 de mayo del 2013– en los casos que se ajusten a la doctrina fijada por el Tribunal Supremo sobre la validez y posibilidad de control judicial del carácter abusivo de las cláusulas suelo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló ayer contra esta limitación de la retroactividad de la decisión. “Da lugar a una protección de los consumidores incompleta e insuficiente” y “no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas”, afirma la sentencia dictada en Luxemburgo. Poner límites a su nulidad no tendría “efecto disuasorio” alguno, aduce.
El fallo judicial europeo, que ahora debe ser aplicado por los tribunales nacionales que inquirieron a la UE sobre la cuestión o en futuros casos que presenten los clientes afectados, supone un duro golpe para la banca española, que deberá devolver a sus clientes unas 4.000 millones de euros, de acuerdo con los cálculos del Banco de España. BBVA, CaixaBank y el Banco Popular son las entidades más afectadas. La cantidad final dependerá de cuántos consumidores se animen a reclamar y de la decisión de los jueces en cada caso sobre la legalidad de las cláusulas suelo incluidas en el contrato hipotecario. El caso tiene su origen en la sentencia del Tribunal Supremo español que en el 2013 declaró nulas y abusivas las cláusulas suelo incluidas por algunos bancos en sus hipotecas por falta de transparencia. En aras de la seguridad jurídica y para evitar trastornos económicos graves, estableció sin embargo que la retroactividad de la decisión quedaba limitada. De acuerdo con este fallo, los titulares de hipotecas con cláusulas suelo abusivas se encontraron sin posibilidad de recuperar todo el dinero pagado de más antes de la resolución judicial dictada el 9 de mayo de aquel año.
No todos los clientes ni todos los jueces se quedaron conformes. Un juzgado de lo Mercantil de Granada y la Audiencia Provincial de Alicante decidieron elevar varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE para aclarar si esa limitación en el tiempo era conforme con la legislación comunitaria. La Abogacía del Estado y el sector bancario español ganaron el primer asalto de la batalla judicial europea pero han acabado perdiendo la batalla, en favor de los consumidores. El informe preliminar del abogado general de la UE, publicado en julio, reconocía el derecho del Supremo español a
VARAPALO AL SUPREMO La justicia europea falla contra el tribunal español, que limitó la retroactividad del pago
EL CONSUMIDOR Recibió “protección limitada, ya que se halla en “situación de inferioridad”
limitar el impacto de las decisiones sobre la nulidad de cláusulas abusivas. La sentencia del Tribunal de Justicia va en dirección contraria.
Los magistrados europeos recordaron ayer al Supremo español que la directiva les obliga a prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas y que el juez nacional “no debe atribuirse la facultad de modificar” su contenido. De otro modo, “se podría contribuir a eliminar el efecto disuasorio” de la decisión. Es decir, no se puede permitir que la declaración de nulidad de cláusulas contractuales abusivas no tenga consecuencias para las empresas y sólo se les obligue a cesar ese comportamiento.
La sentencia recuerda que la directiva europea de protección del consumidor prevé acabar con los efectos del abuso y “restablecer la situación de hecho” para el consumidor. Si la cláusula imponía el abono de importes “que resulten ser cantidades indebidamente pagadas”, la decisión judicial debería permitir generar “el correspondiente efecto restitutorio en relación con tales importes” por parte del profesional (los bancos) a los clientes, que “se encuentran en situación de inferioridad”.
Los jueces del Supremo no interpretaron bien los efectos de la legislación europea. La jurisprudencia nacional española “sólo permite garantizar una protección limitada a los consumidores”, “incompleta e insuficiente”, concluye la sentencia, ya que circunscribe los efectos restitutorios “exclusivamente” a las cantidades pagadas “con posterioridad” al pronunciamiento del Supremo. “Limitar en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo” de una cláusula contractual, limitando sus efectos a fechas posteriores a un fallo judicial, no es conforme en definitiva con la normativa europea.
La base de la sentencia es la directiva europea sobre protección del consumidor de 1993, la misma que ha obligado al Gobierno español a revisar en varias ocasiones la ley hipotecaria, en especial para eliminar las cláusulas que privaban a los consumidores de la posibilidad de recurrir o cuestionar una orden de ejecución hipotecaria o desahucio por parte del banco. La Comisión Europea, que durante 20 años no actuó ante la incompatibilidad de la legislación española con la directiva sobre protección de los consumidores, se posicionó en este caso del lado de los particulares.