Un decreto ley a la carrera para hogares sin recursos
Gobierno y PSOE suscribieron ayer en el Congreso un acuerdo para reformar de manera urgente la ley del sector eléctrico y prohibir que se pueda cortar la luz a los hogares “extremadamente vulnerables”, a la vez que cerraron el nuevo modelo de financiación del bono social. El ministro Álvaro Nadal y el portavoz socialista, Antonio Hernando, sellaron el acuerdo al tiempo que numerosas organizaciones sociales se manifestaban en ciudades de toda España contra las “tarifas abusivas” de las compañías eléctricas y los cortes de luz a las familias sin recursos. El acuerdo entre el Gobierno y el PSOE, en el que no han participado Podemos ni Ciudadanos, se plasmará en un decreto ley que aprobará el Consejo de Ministros de este viernes o del próximo, antes en todo caso de que acabe el año porque el tiempo apremia y su convalidación en el Congreso no se producirá hasta finales de enero. Todo el desarrollo reglamentario posterior se prolongará unos tres meses, por lo que no podrá comenzar a aplicarse hasta abril del año que viene. En este desarrollo reglamentario se deberá definir, entre otras cuestiones, qué es exactamente un consumidor o una familia en situación de “extremada vulnerabilidad”, un punto en el que jugarán un papel clave los servicios sociales locales y autonómicos. También será clave el papel de las comunidades autónomas en el objetivo de introducir la prohibición de los cortes de luz en el artículo 42.J de la ley del sector eléctrico. Por eso, se pretende que esta sea una de las cuestiones que se introduzca en el orden del día de la conferencia de presidentes autonómicos convocada para el próximo 17 de enero. Además, se abordará incluir criterios de renta en el bono social –un descuento del 25% en la factura de determinados colectivos– y que con los fondos de esta herramienta se pueda hacer frente a una parte de las facturas impagadas por los consumidores más vulnerables y que ahora corren a cargo de ayuntamientos y comunidades autónomas. El decreto ley también servirá para solucionar la financiación del bono social –que cuesta unos 200 millones de euros al año– tras la sentencia del Tribunal Supremo que tumbó el modelo anterior. La pretensión es repartir el coste entre todas las comercializadoras eléctricas, lo que supone ampliar el número de empresas que deben pagarlo aunque la mayor parte seguirá recayendo en las tres grandes –Endesa, Iberdrola y Gas Natural– por sus cuotas de mercado. Nadal explicó que existen 2,6 millones de hogares –unos 7 millones de personas– que reciben el bono social, y un porcentaje menor calificado de “extremadamente vulnerable”, atendido por los servicios sociales.