“El ciudadano debe exigir que se cumplan sus derechos energéticos”
Laia Ortiz, tercera teniente de alcaldía y responsable del área de Derechos Sociales, se muestra contundente a la hora de luchar contra la pobreza energética y defender los derechos energéticos de los ciudadanos.
¿A qué atribuye el aumento de casos de pobreza energética?
Principalmente a tres factores: a la caída de las rentas y la precariedad del mercado laboral a raíz de la crisis; a la falta de una política activa por parte del Estado en e ciencia energética y rehabilitación que ha supuesto que los pisos no estén en las mejores condiciones, y a una política energética nefasta que en los últimos años ha llevado a incrementos desmesurados de las tarifas, especialmente de la electricidad, pero también de otros servicios básicos.
¿De qué incrementos estaríamos hablando?
En electricidad, la factura ha aumentado unos 15 euros de media en los últimos meses, pero en diez años tenemos un incremento de más del 100%. España es el país de Europa donde la factura de la luz es más cara.
¿Estos incrementos se han producido por igual en todos los suministros?
Los ha habido en todos, pero en la luz el incremento ha sido exponencial debido a cambios regulatorios del Estado, que provocaron un cambio de modelo en el que el acceso a la electricidad no se considera un bien básico, un servicio público a garantizar, y se liberalizó con la excusa de que se abaratarían los precios. Lo que hemos visto es que desde la liberalización estos han aumentado en más del 130%. Desde 2008, las tres compañías que controlan el mercado han obtenido unos bene cios de 54.000 millones de euros; mientras, la factura se incrementa y aumentan los casos de pobreza energética.
La Ley 24/2015 obliga a las compañías a asumir parte de la factura. ¿Están por la labor de hacerse cargo del 50% del importe, como propone el consistorio?
No. Desde el Ayuntamiento hemos logrado reunirnos con ellas, liderando la exigencia de corresponsabilidad y forzando pactar protocolos de actuación, pero sólo hay buenas palabras y no se han adaptado al cambio legislativo. Por ello cali caría de vergonzoso su comportamiento; es intolerable que, viendo el impacto que su actuación tiene sobre la salud y la seguridad de las personas, y que sus dividendos no paran de crecer, se laven las manos. Es incomprensible que no quieran aportar una ín ma parte de sus bene cios a resolver un problema que tiene solución. Nosotros no callaremos y, si es necesario, sancionaremos a quien no cumpla la ley.
“España es el país de Europa donde la factura de la luz es más cara, y en diez años ha aumentado un 100%”