El PP se queda solo contra la tasa sobre bienes de lujo a nombre de empresas
Con el rechazo de la enmienda a la totalidad presentada por el PP al impuesto sobre activos no productivos, el Govern ha conseguido que se tramite en el Parlament el tercero de los pilares de las cuentas del 2017. Los otros dos, el proyecto de ley de los Presupuestos y el de Acompañamientos, se tramitaron el martes y miércoles. Ahora empieza la negociación definitiva entre Govern y la CUP y de esta dependerá el futuro de la legislatura. Es cierto que el vicepresidente Oriol Junqueras se ha limitado a hacer presentaciones técnicas y en ningún caso ha querido entrar a discutir con los anticapitalistas en sede parlamentaria, pero el mes de enero será clave.
La tramitación del impuesto sobre los activos no productivos, ideado por Junts pel Sí para contentar a los anticapitalistas, ha sido placentera. Sólo el PP defendió una enmienda a la totalidad y Junts pel Sí y la CUP consiguieron sumar a PSC y Catalunya a Sí que es Pot. Ciudadanos se abstuvo. Eso a pesar de que los socialistas y la confluencia de izquierdas quisieron ver en el tributo una medida más social que recaudatoria y pensada para “limpiar conciencias”.
El impuesto sobre activos improductivos afecta a bienes inmuebles, vehículos a motor de potencia igual o superior a doscientos caballos, embarcaciones de ocio de ocho metros de eslora o más y aeronaves que estando a nombre de empresas no se usan para actividades económicas, sino con finalidades particulares o privadas. Así, con el nuevo gravamen se evita la evasión y elusión fiscal que supone trasladar patrimonio personal a estructuras societarias y así evitar pagar el impuesto de patrimonio. Según la propuesta, la base imponible se calcula de la suma del valor de todos los activos no productivos, con un mínimo exento de 500.000 euros, o de 100.000 si no incluye ningún inmueble.
JxS y la CUP pactaron que esta proposición de ley quedara fuera del bloque de los presupuestos y se tramitara paralelamente a las cuentas. Según el secretario de Hisenda, se hizo así porque “todavía no esta lo bastante maduro”, pero tampoco es ningún secreto que existen dudas sobre la constitucionalidad del tributo, que podrían poner en cuestión la ley de presupuestos. De hecho, el diputado popular, Santi Rodríguez, lo hizo notar y criticó que al ser una proposición de ley JxSí y la CUP evitaron tener que presentar un informe económico que contemplara la cantidad de los ingresos y a quién abarca.
El impuesto fue presentado por Carmina Castellví de JxSí y Benet Salellas de la CUP. Y los argumentos pasaron de la lucha contra el fraude a la persecución a las grandes fortunas. Si Castellví consideró
que con el tributo se lucha contra “la picaresca” para eludir pagar impuestos “aprovechando carencias del sistema”, el cupero justificó que “las grandes fortunas de este país no están a nombre propio, sino de grandes sociedades que construyen pequeñas sociedades limitadas” para eludir o evadir fiscalmente.
Tanto Rodríguez como el diputado de C’s, Antonio Espinosa, expusieron toda una batería de medidas elusivas que los afectados por el nuevo impuesto podrían llevar a cabo, además de asegurar que con este tributo sobre activos no productivos se pagarían menos impuestos. En cambio, Òscar Ordeig, del PSC, valoró la puesta en marcha del gravamen, pero dijo “tener dudas sobre si la gente que ha hecho fraude hará autoliquidaciones o buscará otras fórmulas, o si se recaudará menos que ahora”. El diputado de Sí que es Pot, Joan Coscubiela, compartió el objetivo del impuesto para luchar contra el fraude fiscal, pero “después de decir que no a modificar el IRPF y los impuestos de sucesiones y patrimonio (...) parece orientado a dar confort espiritual y puede acabar no siendo un impuesto sobre activos improductivos, sino un impuesto improductivo”.