Suspendido el protocolo que impide cortar la luz
Una juez considera que la norma carece de fundamento legal
Una juez de Barcelona ha suspendido cautelarmente el protocolo de la Generalitat que impide a las empresas suministradoras cortar la luz sin un informe previo de los servicios sociales.
La titular del juzgado número 2 de Barcelona que deberá dictar la sentencia sobre un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Endesa considera que la norma catalana incumple algunos de los preceptos anulados por el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre la llamada ley de la pobreza energética aprobada por el Parlament de Catalunya hace un año.
En concreto, la juez paraliza cautelarmente, hasta que dicte sentencia, la aplicación del protocolo que la Agència Catalana de Consum que utilizaba la propia Generalitat y numerosos ayuntamientos catalanes para pedir a las empresas suministradoras que no cortaran la luz por falta de pago en caso de que los afectados fuesen familias sin recursos.
La juez ha asumido el argumento de los demandantes cuando estima que esta normativa –que no tiene rango de ley– genera inseguridad jurídica para las compañías dado que su aplicación puede resultar, en cierto sentido, discrecional. De hecho, Gas Natural, que suministraba la energía en la vivienda en la que falleció recientemente una anciana en Reus, ya advirtió cuando se produjo aquel siniestro que el protocolo aplicado por el Ayuntamiento no era eficaz.
En su razonamiento, la juez también asume los argumentos de Endesa cuando afirma que este protocolo “supone para las empresas la obligación de mantener el servicio sin percibir del usuario las tarifas legalmente previstas”. “De ahí que este coste deberá compensarse para garantizar la sostenibilidad del conjunto del sistema eléctrico”.
Además de acordar su suspensión cautelar, también obliga a la Agència Catalana de Consum a publicar en su web que el protocolo ha sido suspendido, al menos hasta que se dicte sentencia.
El conseller de Empresa, Jordi Baiget, aseguró anoche que el Govern seguirá aplicando este protocolo. En paralelo Oriol Illa, presidente de la Mesa del Tercer Sector de Catalunya, entidad que agrupa a más de 3.000 entidades sociales, ha afeado hoy a la compañía Endesa haber recurrido la ley contra la Pobreza y ha pedido al Govern que “blinde” esta ley y apruebe un reglamento.