El TC pone cerco a las leyes de desconexión del bloque soberanista
El Alto Tribunal anula la creación de las ponencias sobre las tres normas
El Tribunal Constitucional estrecha el cerco sobre cada actuación de los partidos independentistas catalanes. Su último fallo anula la creación de las ponencias para discutir las tres leyes de desconexión del resto de España que Junts pel Sí y la CUP tienen la intención de aprobar en el Parlament. La sentencia responde a los recursos que plantearon Ciutadans y el PP.
El Tribunal Constitucional (TC) concedió ayer amparo a los diputados del PSC, PP y Ciudadanos que recurrieron contra la tramitación por parte de la Mesa del Parlament de las tres ponencias formadas en la Cámara catalana para elaborar otras tantas leyes de desconexión con España. El amparo concedido implica la nulidad del acuerdo de la Mesa, aunque existen entre los grupos discrepancias sobre el alcance efectivo de las resoluciones.
En medios del propio Constitucional se afirma que la consecuencia del amparo es que todas las tareas parlamentarias derivadas de dicha fórmula específica, en la que los grupos recurrentes no querían participar, quedan afectadas por la nulidad acordada. De hecho, lo que las resoluciones –una relativa al recurso del PSC y otra a la de C’s y el PP– proclaman es que se vulneraron los derechos de los parlamentarios recurrentes reconocidos en el artículo 23.2 de la Constitución, que es el relativo al acceso al ejercicio de los cargos públicos en condiciones de igualdad. Y el Constitucional también alude al 23.1, relativo al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes.
El TC argumenta en sus resoluciones que se constituyeron ponencias conjuntas para materias que “no encajan” en las previsiones del Estatut. Y añade que los dos únicos grupos que quisieron formarlas fueron los que promovían la iniciativa, contra el criterio de los demás. El fallo es especialmente explícito en sus últimas líneas, en las que se afirma que se restablece a los recurrentes en su derecho y, a tal fin, se declara la nulidad de los acuerdos de la Mesa del Parlament objeto de controversia y “mediante los cuales el órgano rector de la cámara catalana calificó y admitió a trámite las solicitudes de puesta en marcha de tres ponencias redactoras conjuntas para elaborar el texto de tres proposiciones de ley (...), así como toda la tramitación parlamentaria derivada de tales acuerdos”.
En cambio, fuentes de Junts pel
El fallo considera que se atacó el derecho de los diputados recurrentes a ejercer sus cargos en condiciones de igualdad
Sí dicen que el fallo tiene un efecto “limitado” sobre la tramitación de dichas normas. Dos de estas ya están registradas como proposición de ley en el Parlament aparte de las ponencias redactoras, por lo que no se verían afectadas por el fallo, según fuentes del grupo de Govern.
Se trata de las proposiciones de ley de la Agencia Catalana de Seguridad Social y de la Administración Tributaria de la Generalitat. En ambos casos, los textos presentados de momento por Junts pel Sí y la CUP eluden un enfrentamiento con la legalidad y se limitan a desarrollar competencias autonómicas y reconocidas dentro del Estatut.
La primera proposición de ley tiene como objeto la gestión de todas las prestaciones sociales competencia de la Generalitat, es decir las no contributivas, como la renta mínima de inserción, las ayudas a las familias o las incluidas en la cartera básica de servicios sociales. En cuanto a la proposición de ley relativo a la Agencia Tributaria, el texto redactado dice que “gestionará, liquidará y recaudará los tributos cuando en su aplicación correspondan a la Generalitat de Catalunya”.
Aún así, queda por presentar una segunda parte de ambas proposiciones de ley. En cuanto a la ley de Régimen Jurídico Catalán –todavía en fase de ponencia–, la coalición entre el PDECat y ERC prevé seguir la misma estrategia y pre-
sentarla como una proposición de ley aparte. Ciutadans, en cambio, estima que todo el trabajo de estas ponencias y sus trabajos derivados queda anulado, tal y como dicta la sentencia. “Queda demostrado”, subraya el diputado José María Espejo-Saavedra, “que Junts pel Sí y la CUP vulneraron el derecho de los diputados con la creación de estas ponencias”. Espejo-Saavedra advierte que las proposiciones de ley podrán continuar su tramitación siempre que se “ajusten a la legalidad y al marco autonómico”.
La creación de estas ponencias provocó en su momento una fuerte polémica entre los grupos. Ciutadans, el PSC, Catalunya Sí que es Pot y el PP se opusieron porque consideraban que vulneraba sus derechos como diputados. No querían participar en la redacción de estas tres leyes porque derivaban de la resolución rupturista del 9 de noviembre del 2015, anulada por el TC, sostenían. Añadían que las ponencias sólo se pueden activar para el desarrollo básico del Estatut y cuando exista consenso entre todos los grupos. Los letrados del Parlament emitieron un informe no vinculante en el que desaconsejaban la vía de la ponencia conjunta para preparar dichas leyes. Sin embargo, Junts pel Sí y la CUP hicieron oídos sordos y crearon las ponencias. Se supone que por esta vía ganaban tiempo para sortear una eventual imputación por parte de los tribunales, ya que estas tres leyes son las que deberían preparar una hipotética independencia de Catalunya.
El TC, por otra parte, informó de que ha acordado anular parte de la ley de la Generalitat relativa a su actividad exterior. El Constitucional confirmó los datos anticipados por
La Vanguardia en el sentido de que el Govern no podrá adquirir compromisos internacionales –ius contrahendini abrir legaciones diplomáticas –ius legationis–, aunque sí actuar en el extranjero en defensa de sus intereses y en el marco de sus competencias.