Política y puesta en escena
HACE ya cinco años que Catalunya vive inmersa en el proceso soberanista. A menudo se cita la manifestación del Onze de Setembre del 2012, bajo el lema “Catalunya, nou Estat d’Europa”, como el arranque de dicho proceso. En aquella ocasión, y sobre todo en otras posteriores, la puesta en escena ha tenido gran relevancia. Hablamos de manifestaciones con muchos asistentes, pero no los suficientes para afirmar que la mayoría de los catalanes apuesta por la independencia. El porcentaje de voto no alcanza el 50%. Acaso por ello, por esa insuficiencia de los apoyos, se ha recurrido a las coaliciones de gobierno y a la escenificación de unos apoyos mayoritarios que, al contar votos, no son tales.
Ayer asistimos a un nuevo episodio de escenificación, convocado por el Govern en el Parlament. Fue la constitución del Pacte Nacional pel Referèndum, cuyo primer objetivo es visualizar unidad de acción, como antes lo fue el del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Acudieron el presidente Puigdemont y miembros del Govern, representantes de instituciones políticas, del grueso de los partidos y de entidades sociales. Pero, en realidad, los invitados más esperados a este pacto eran los comunes que encabeza Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. La insuficiencia de apoyos al proceso soberanista ha convertido a Colau en una deseada compañera de viaje. De ahí el afán por incluirla ayer en la foto que dejaba constancia de esta supuesta unidad.
Dicho esto, sería aventurado considerar esa imagen como una garantía definitiva de futuras sinergias. O como una prueba de que el camino hacia la independencia está despejado y será placentero. Respecto a la garantía de futuras sinergias entre los soberanistas y los comunes, recordaremos que Ada Colau tiene su propia agenda política, y que los apoyos que pueda prestar al soberanismo, más allá de la foto de ayer, están por ver. Las prioridades de la mencionada agenda no son las de los independentistas. Por otra parte, y por más halagüeñas que sean las perspectivas para el nuevo partido que organiza, Colau tiene en su feudo municipal una posición débil: ayer le tumbaron los presupuestos y quedó sujeta a una cuestión de confianza.
Conviene recordar, asimismo, que las exhibiciones de masas o consenso que prodiga el soberanismo tampoco garantizan el éxito del proceso. En primer lugar porque, como decíamos, carecen de la mayoría social necesaria. Y, en segundo, porque el Estado no ceja en su batalla legal contra el proceso. Ayer supimos que el Tribunal Constitucional (TC) había anulado el acuerdo del Parlament para tramitar leyes de desconexión. También, que el 6 de febrero, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya juzgará a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por su actuación ante la consulta del 9-N. Sin olvidar que el acuerdo del Parlament para convocar el referéndum está también suspendido por el TC. Esta suma de obstáculos nos sugiere que una cosa es la potestad del Parlament para discutir sobre lo que estime oportuno, y otra el sentido de tomar decisiones de corto recorrido, que encadenan la política a la esfera de la judicialización y trasladan a la ciudadanía una sensación de desconcierto e inseguridad jurídica.
En cualquier caso, no podemos concluir estas apreciaciones sin señalar que el Pacte Nacional pel Referèndum, según lo presentó Puigdemont al término de la reunión, rebajó las expectativas de la hoja de ruta soberanista tal como se había presentado hasta la fecha.