El punto de partida
Hay quienes se interrogan acerca de si con una reforma constitucional se podría dar una respuesta adecuada al “conflicto catalán”. De entrada, señalaré que no se trata de un “conflicto catalán”, sino de un conflicto que se está produciendo en España, originado por el Gobierno de la Generalitat y la mayoría parlamentaria actual que, sin responder a una mayoría social, pretenden separar Catalunya del resto de España creando un nuevo Estado, dicen, en el marco de la Unión Europea.
Los principales argumentos que se esgrimen para “justificar” esta secesión se centran en la afirmación de que el sistema de financiación no responde a las actuales necesidades, que el autogobierno constitucionalmente previsto es insuficiente para las “aspiraciones del pueblo catalán” y que, por consiguiente, no han de ser acatadas las resoluciones de las instituciones constitucionales de resolución de conflictos, especialmente las que provienen del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Hay que señalar que algunas de estas cuestiones podrían ser resueltas en el marco de reformas legales si no se pretende romper el marco constitucionalmente previsto, como es el caso de la financiación, en el que las previsiones constitucionales son escasas, dado que insertan a Catalunya en el marco general regulado por la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Y esto es así porque durante la elaboración de la Constitución, el grupo parlamentario de la Minoría Vasco-Catalana (así se denominaba entonces) no encontró razones para situar a Catalunya dentro del régimen especial del que gozan los “territorios forales”, y esta comunidad autónoma se integró en el régimen común.
Basta con repasar los debates parlamentarios, publicados oficialmente por las Cortes Generales, para dar cumplida cuenta de ello. No es posible, pues, sin reforma de la Constitución, instaurar en Catalunya un modelo de financiación similar al de los territorios históricos del País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra.
En cambio, el argumento de que las instituciones de resolución de conflictos constitucionalmente previstas no son válidas en las circunstancias actuales no es de recibo, puesto que quiere instaurar el principio de considerar ilegítimo lo legal y democráticamente establecido por la Constitución. Quienes defienden esto, considerando que la ley no puede sujetar a la democracia, han de saber que ello es contrario radicalmente a los valores y principios básicos del constitucionalismo instaurado en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que se fundamenta en el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. En todos estos sistemas, la democracia se ejerce dentro de los procedimientos legalmente previstos.
No aceptar estos postulados imposibilita pensar que una reforma constitucional pueda facilitar la resolución del conflicto provocado por el Govern y el Parlament, cuando adoptan resoluciones que son anuladas o suspendidas por el Tribunal Constitucional, y que se pretenden hacer efectivas en clara rebeldía contra lo decidido por un órgano jurisdiccional, como es, en toda Europa y América, el Tribunal Constitucional o las instituciones similares de control de constitucionalidad. Si no se actúa en el marco jurídico democrático previsto, nos situamos ante una estrategia de confrontación más propia del Far West (o del hace más de un siglo periclitado ancien
régime) que de los países civilizados de nuestro entorno.
Queda, en este rápido apunte, el peliagudo asunto del denominado “derecho a decidir” o referéndum de ámbito catalán, cuya realización “sí o sí” en palabras del president, o “pactado” con el Estado según otros, constituiría una clara vulneración del marco constitucional vigente, puesto que no está jurídicamente previsto y rompe, además, el principio básico del derecho de la Unión Europea de respeto a la integridad territorial de sus estados miembros. En este contexto, la ruptura del statu quo, para que fuera legal y legítima, precisaría que fueran previamente reformados la Constitución y el tratado de la Unión.
Se impone, pues, concretar qué cuestiones concretas se pretende reformar para determinar si ello precisa o no de reforma constitucional. Y ello sería un buen punto de partida para, al mismo tiempo, visualizar el grado de apoyo político y social que estas reformas podrían tener, pues quedaría dibujado el cuadro del diálogo, de consensos, o disensos, sobre estos temas. La determinación de estas reformas podría también constituir un ejercicio democrático de búsqueda de equilibrios, dentro del marco constitucional, o precisando si es necesaria su reforma. Es decir, permitiría clarificar si existen o no bloqueos y por parte de quién se producen. No olvidemos que los procedimientos de reforma constitucional son dos y que, aunque en la Constitución de 1978 no existen cláusulas de intangibilidad, la reforma es tanto más difícil y exige más acuerdo cuanto más espinoso resulta su objeto material.
Sin reforma de la Carta Magna no es posible instaurar un modelo de financiación como el del País Vasco o Navarra Si no se actúa en el marco jurídico democrático previsto, nos situamos ante una estrategia más propia del Far West