Cristina Fernández
El procesamiento de la expresidenta argentina por los sobreprecios de las obras públicas complica su futuro político
EXPRESIDENTA DE ARGENTINA
Fernández amasó una fortuna durante su mandato y también el de su marido, Kirchner, y la Fiscalía asegura que fue gracias a los sobreprecios que un testaferro cobró a las obras públicas que el Estado le otorgó.
La exmandataria está salpicada por cuatro causas de interrelacionadas por su supuesto testaferro Fernández declaró este año un patrimonio de 4,7 millones de euros aunque el juez la embargó por 615
Muchos argentinos quieren ver a la expresidenta Cristina Fernández en la cárcel, aunque otros muchos la idolatran como líder izquierdista. El martes fue un gran día para los primeros, gran parte de los cuales votaron el año pasado por Mauricio Macri para expulsar al kirchnerismo de la Casa Rosada. Ese día el juez Julián Ercolini procesó a Fernández por corrupción y decretó un embargo de sus bienes por 10.000 millones de pesos (615 millones de euros). No obstante, sus detractores deberán esperar: la mandataria del país entre el 2007 y el 2015 no irá a prisión preventiva, donde ya están dos de los procesados en la misma causa.
Una de quienes quieren ver presa a Fernández es Elisa Carrió, diputada, excandidata presidencial y líder de la Coalición Cívica, que forma parte de Cambiemos, la alianza centroderechista gobernante. “¡Se empieza a hacer justicia! Después de muchos años”, tuiteó Carrió al conocerse la noticia. Flagelo anticorrupción, Carrió hizo en el 2008 la denuncia de esta causa, que tardó siete años en avanzar, justo cuando el kirchnerismo abandonó el poder.
La exmandataria está acusada de asociación ilícita y administración fraudulenta por pagar sobreprecios a la constructora de su supuesto testaferro, Lázaro Báez, que durante los tres gobiernos kirchneristas (2003-2015) recibió la inmensa mayoría de las concesiones de obras públicas de la provincia patagónica de Santa Cruz, feudo de los Kirchner.
Báez está en la cárcel desde abril acusado de lavado de dinero. El nombre de este exempleado bancario amigo de Néstor Kirchner aparece también en las otras tres causas de corrupción que salpican a Fernández y a su familia y que judicialmente son conocidas como Hotesur –la empresa hotelera de los Kirchner–, Los Sauces –su inmobiliaria– y La Rosadita , un edificio porteño donde funcionaba una casa de cambio ilegal. En realidad, las cuatro investigaciones están interrelacionadas: se sospecha que Baéz devolvía a los Kirchner los sobreprecios cobrados en forma de pagos de habitaciones de hotel que nunca se ocupaban, de alquileres desorbitados o por inmuebles vacíos, mediante pagos de servicios o a través de la compra de propiedades en calidad de testaferro. Por ejemplo, el mausoleo donde descansan los restos de Néstor Kirchner fue un regalo de Báez a la familia de su amigo.
Penalmente, Fernández figura en las causas como imputada en la Rosadita e investigada en Hotesur –a cargo también del juez Ercolini– y Los Sauces. Además, la ex- presidenta estaba ya procesada por fraude a la administración pública en un caso considerado político porque está acusada de avalar la decisión del Banco Central de vender dólares a futuro a sabiendas de que el Estado perdería millones a causa del férreo control cambiario impuesto durante su gobierno.
La abultada cifra del embargo dictado por el magistrado no significa que ese sea el patrimonio oficial de Fernández, sino que hace referencia al perjuicio que Ercolini estima para las arcas públicas. Oficialmente, Fernández declaró este año que posee unos 4,7 millones de euros, contando 26 inmuebles y varios depósitos bancarios. Cuando el matrimonio llegó al poder en el 2003 ambos declararon alrededor de dos millones de euros. Sin embargo, el patrimonio familiar es mucho mayor teniendo en cuenta que tras la muerte de Kirchner la herencia se repartió entre su viuda y sus dos hijos. En este sentido, la justicia también embargó hace unos meses cinco millones de dólares que su hija Florencia tenía en una caja de seguridad bancaria.
Fernández reaccionó al procesamiento a través de las redes sociales acusando al Gobierno de persecución política. “Asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”, tuiteó el martes. Además, descalificó personalmente al juez. “Ercolini, con esposa vocera (portavoz) del ministro de Justicia Macrista, en una causa que lleva más de 8 años en su juzgado…”, escribió la exmandataria, que ayer volvió a la carga con 16 nuevos tuits atacando a Macri, a la justicia y a los principales medios de comunicación.
Por su parte, el presidente interrumpió sus vacaciones en la Patagonia para referirse veladamente al procesamiento de Fernández inaugurando un centro de información turística. “Las obras van a dejar de ser sinónimo de corrupción para ser sinónimo de alegría”, manifestó Macri.