De la intransigencia al pragmatismo
El grueso de los presos de ETA ha abierto un debate –que durará meses– para reconsiderar su papel en el momento actual, cinco años después de anunciar el cese definitivo de la violencia. El documento que ha preparado la dirección del autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) avala la posibilidad de recorrer, de manera individual, la ruta de la legalidad penitenciaria para obtener los beneficios que prevé la legislación.
Se trata de un paso relevante desde la urgencia política para avanzar en la consolidación de la paz pero insuficiente desde un punto de vista ético, ya que los reclusos se imponen como línea roja el arrepentimiento y la delación.
El anuncio supone avanzar en el camino abierto en diciembre del 2013, cuando asumieron públicamente el dolor “multilateral generado como consecuencia del conflicto”, se comprometieron con las vías políticas y se abrieron a aceptar el ordenamiento vigente para acelerar su puesta en libertad. Un proceso de reflexión que no se puede desligar del que ha hecho en los últimos tiempos la izquierda abertzale. Los estatutos de su nueva marca, Sortu, de desmarcan de cualquier tipo de connivencia con la violencia. Si, como es previsible, los aproximadamente 375 miembros del colectivo dan luz verde al nuevo escenario eso supondrá un reforzamiento de las tesis de Arnaldo Otegi frente a los críticos que reclaman no moverse de la exigencia de la amnistía.
La tensión entre estos sectores es palpable y, por eso, la izquierda independentista es la primera interesada en encauzar la situación cuanto antes mejor. Ayer, familiares de presos difundieron una carta en la que denunciaban las “mentiras y humillaciones” de Sortu y la organización Etxerat. Les acusan de excluirlos de las protestas y reivindicaciones por discrepar. En el entorno de Otegi son conscientes de que su plan para ir vaciando las cárceles será largo, complejo, y que no convencerá a todo el mundo pero parte de la premisa que hay que hacer movimientos unilaterales ante la constatación de que no habrá una salida a la colombiana, es decir, negociada entre ETA y los gobiernos español y francés. Aprovechar las posibilidades del reglamento penitenciario puede favorecer el acceso al tercer grado y a la libertad condicional.
El otro elemento que añade presión a los abertzales es la necesidad de superar debates que, en el imaginario colectivo de los vascos, les sitúan en el pasado y les desdibujan las propuestas de futuro. Los dirigentes de la coalición independentista a menudo lamentan que el Estado utiliza a los que cumplen condena como “rehenes” para fragmentar al soberanismo y evitar que Euskadi empiece un proceso como el catalán. Las encuestas, sin embargo, evidencian que la realidad social del País Vasco tiene poco que ver con la catalana y que los partidarios de la ruptura son minoría.
El gobierno vasco –formado por el PNV y el PSE– ha aplaudido el nuevo rumbo pero con el freno de mano puesto, esperando en qué se concreta. En el ámbito partidista dirigentes nacionalistas se han reunido recientemente con responsables de Kalera, kalera, una iniciativa que hace pedagogía en favor de los reclusos. Uno de los dos asistentes al encuentro fue Anton López Ruiz, Kubati, el asesino de la etarra arrepentida Yoyes, un hecho que ha indignado a colectivos de víctimas como Covite. Los equilibrios en este ámbito son muy delicados.
El no arrepentimiento de los etarras encarcelados –lejos de la llamada vía Nanclares, prevista para los que se desmarcan de la disciplina de ETA– limita la posibilidad de hacer grandes cambios de fondo. Además, el ministerio del Interior ha dejado claro que no moverá ficha hasta que la organización terrorista no se haya disuelto. La cuestión, sin embargo, estará sobre la mesa en las conversaciones que mantendrán en los próximos meses los gobiernos de Mariano Rajoy e Iñigo Urkullu. El deshielo entre el PP y el PNV ha empezado, en un contexto sin mayoría absoluta, y eso debe permitir iniciar el desbloqueo de debates pendientes. Las líneas acordadas por el ejecutivo de coalición vasco pasan por trabajar en favor de la reinserción, cambios en la política de dispersión –¿tiene sentido en un escenario sin atentados?– y la transferencia de la competencia de prisiones al País Vasco. El ejecutivo autonómico no esconde la urgencia de ir cerrando carpetas del pasado para evitar que los nuevos desafíos las hagan caducar pero sin perder de vista que la paz debe consolidarse sobre una cultura democrática deslegitimadora de las armas.
El deshielo entre el PP y el PNV ha empezado y en este contexto el ejecutivo vasco trabaja en favor de la reinserción