Una detención
Más allá de lo que cada uno piense, de la ideología que le motive o de la identidad nacional que le emocione, más allá de todo está el territorio democrático donde nos tenemos que mover. Un territorio que tiene que tener reglas precisas, pero que también tiene que cumplir con el triple código no escrito sin el cual nada tiene sentido: primero, el juicio, es decir la aplicación del sentido común a la hora de aplicar las leyes; segundo, sentido de la justicia, necesario para no desvariar más de la cuenta a la hora de interpretarlas; y, lógicamente, una dirigencia política que no use los juzgados como si fueran su patio trasero y que no caiga en la tentación de gobernar a través de sentencias judiciales. Es decir, juicio, justicia e independencia de los poderes respectivos.
Nada de eso pasa, a estas alturas, en el Estado español, sino al contrario: se vulneran y pervierten derechos básicos y lo hacen con tal normalidad que, lejos de ser excepcional, empieza a ser la norma. Y, como no podía ser de otra manera, es el caso catalán el que acumula más disparates, vulneraciones, abusos de poder y despropósitos. El último caso es el de la detención del concejal Joan Coma, imputado en la Audiencia Nacional por el delito “contra la forma de gobierno”, extraído del Código Penal de 1973, es decir, del código penal franquista –dado que el actual no contempla este delito–, por haber dicho que “para hacer tortillas, hay que romper huevos”, lo que es una animalada tan iracunda que sólo puede explicarse en términos esperpénticos. Si añadimos, además, que Joan Coma tiene que demostrar que no es un peligroso terrorista armado de huevos y, en cambio, quien dijo que “Artur Mas necesitaría un fusilamiento” sólo ejercía la libertad de expresión, hay que concluir que España está sufriendo una severa regresión antidemocrática con la excusa catalana. No se puede llegar a extremos tan surrealistas y no perder por el camino el rigor, la seriedad y la credibilidad democrática.
Si añadimos, además, el simpático currículum del juez de la cosa, el señor Ismael Moreno Chamarro –según los datos publicados por Andreu Barnils–, la indignación crece a medida que explica muchas cosas: es el juez que dejó libres a militantes de Fuerza Nueva en Burgos, sin permitir apelación. También liberó a Paesa, acusado de colaborar con el GAL, sin ni siquiera avisar a Garzón, que lo estaba investigando. También es el juez que hizo retirar a Gómez de Liaño por el caso Sogecable, y últimamente es el hombre que llevó a los juzgados a los titiriteros de Madrid mientras investigaba a la ANC. En su pasado, policía desde 1974 hasta 1983, con un oscuro asunto de falsa información en un caso de asesinato, por el que enviaron a la prisión a un hombre durante cinco años, hasta que fue absuelto.
Este es el señor que quiere saber si romper huevos para hacer tortillas es un grave delito, y quien usa un código penal del franquismo para averiguarlo.
¡Realmente, qué difícil lo tienen los que quieren que nos quedemos con esta gentecilla!
Cabe concluir que España está sufriendo una severa regresión antidemocrática con la excusa catalana