Barcelona exige un fiscal inmobiliario
La alcaldía también impulsará una patrulla especial de la Guardia Urbana para detectar casos de acoso inmobiliario
El Ayuntamiento de Barcelona quiere resucitar la figura del fiscal experto en acoso inmobiliario e impulsar una patrulla policial contra esta lacra. El teniente de alcalde Jaume Asens presentó ayer estas propuestas como un paso más de la alcaldía para garantizar el derecho a la vivienda, como en su día ocurrió con otras medidas como el censo de pisos vacíos de la ciudad y las multas a los grandes propietarios inmobiliarios y a los bancos con viviendas vacías.
Asens, que dirige entre otras áreas la de Derechos de la Ciudadanía, también anunció que la ciudad llevará a la Fiscalía del Tribunal Superior de Catalunya cuatro actuaciones de dos empresas que realizan desalojos extrajudiciales. En realidad, estos cuatro casos ya estaban siendo investigados por la justicia, pero la alcaldía quiere mostrar así su preocupación por “un fenómeno creciente”.
Firmas como Desokupa, la única a la que se refirió específicamente el teniente de alcalde, protagonizan desalojos extrajudiciales y publicitan servicios de mediación entre los dueños de una vivienda que haya sido usurpada y los usurpadores. En realidad, sostiene el teniente de alcalde, el eufemismo de la mediación encubre “coacciones verbales, psicológicas e incluso físicas”. Asens, licenciado en Derecho, recalcó que, sea cual sea la condición en que se ocupe una vivienda, sólo un juez puede autorizar un desalojo y son inadmisibles –y constitutivas de delito– las actuaciones que logren este mismo objetivo por la fuerza.
Los cuatro casos que la ciudad ha llevado a la Fiscalía son sólo la punta del iceberg. De hecho, se han investigado más operaciones de las dos empresas denunciadas, “pero estos cuatro presentan claros indicios de delito, como coacciones, amenazas o violación de domicilio”, explicó el teniente de alcalde. La proliferación de los desalojos al margen de la ley ha propiciado la creación de plataformas ciudadanas a las que la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona apoya sin reservas, como Stop desokupa. Esta campaña presentó un completo dossier de prensa sobre desalojos extrajudiciales y “actividades propias de sicarios” el pasado 25 de octubre. Uno de los “desalojos ilegales” denunciados entonces, en el número 20 de la calle Josep Torres, en Gràcia, fue otro de los ejemplos de hechos intolerables que puso ayer Asens.
El abogado de Desokupa defiende que sus patrocinados no han cometido ilícito alguno, pero rechaza que el periodista pueda presenciar en directo alguna de sus actuaciones. La lucha contra estas actividades supuestamente delictivas aconseja que el Ayuntamiento y la Fiscalía resuciten la figura del fiscal experto en acoso inmobiliario.
La alcaldía denuncia ante la justicia cuatro casos de dos empresas que realizan desalojos al margen de la ley
El Ayuntamiento recuerda que este acusador público ya existió entre el 2008 y el 2012, gracias a un convenio de colaboración que firmaron el alcalde Jordi Hereu y la entonces fiscal jefa de Catalunya, Teresa Compte. El convenio, sin embargo, no fue renovado posteriormente por Xavier Trias, “a pesar de que –sostiene la alcaldía– el acoso inmobiliario, como los delitos contra el medio ambiente, la corrupción o la violencia sexista, merece de sobras un fiscal especial”.