Riqueza sin empleo
La economía española continuará creciendo el año próximo, aunque sus beneficios no devolverán los empleos destruidos durante la crisis.
LA economía española inicia en el 2017 el cuarto año de crecimiento tras el duro retroceso sufrido desde el 2008 hasta el 2013. Esto hará que muy posiblemente se recupere todo lo perdido durante la crisis en términos de producto interior bruto (PIB). Pero, en cambio, no volveremos todavía a la situación anterior en términos de empleo. Los veinte millones de puestos de trabajo que había entonces no se lograrán hasta el 2020, siempre que se mantenga el actual ritmo de creación de nueva ocupación.
Los cerca de 500.000 nuevos empleos creados durante el 2016, año en el que la economía habrá crecido alrededor del 3,2%, suponen un importante empuje para el aumento del consumo, que nuevamente será el principal motor de la actividad económica. El crecimiento, sin embargo, se desacelerará en el 2017 hasta tasas del 2,5% porque no se podrá contar con los importantes estímulos que han supuesto la reducción de impuestos y los bajos precios del petróleo. Pese a todo, las previsiones apuntan que la economía española seguirá siendo la que más crezca de la zona euro, casi el doble de la media, y que ese ritmo de crecimiento del 2,5% podría prolongarse durante los próximos tres años.
Otros 400.000 nuevos empleos pueden crearse durante el 2017. Desde que se inició la recuperación hasta hoy se han creado en España más de 1,7 millones de puestos de trabajo, hasta los 18,5 millones, con una tasa de paro que ha bajado desde el 26,5% hasta el 18,91%. Este es un logro que hay que consolidar y mejorar. A ello, sin embargo, no ayuda el clima de incertidumbre que se ha generado en torno a la reforma laboral, cuya eficacia ha sido indiscutible, después de la proposición de ley para su derogación que se ha presentado en el Congreso. Con esta perspectiva de cambios legales podría deteriorarse la confianza empresarial y afectar sensiblemente a las citadas previsiones de creación de empleo, y eso sería muy negativo. El sentido común indica que el conjunto de los partidos parlamentarios deberían sumar y no restar. Los aspectos básicos de la reforma laboral deberían mantenerse con la eventual incorporación de mejoras para reducir la alta tasa de temporalidad y, fundamentalmente, para rebajar el elevadísimo paro juvenil, que afecta a uno de cada tres menores de treinta años y a más de la mitad de los menores de diecinueve años.
También se ha creado una preocupante inseguridad jurídica para las empresas con la importante subida del impuesto de sociedades, con reformas que harán que el tipo impositivo real se acerque al nominal, que es del 25% sobre los beneficios. Con ello recaerá sobre las empresas el gran peso del ajuste fiscal necesario para cumplir con el objetivo de déficit público en el 2017, que debe pasar del 4,6% del PI B actual hasta el 3,1% a final del próximo año. Esta estrategia evitar á al Gobierno hacer recortes de gasto público, por primera vez desde el inicio de la crisis, y se espera que ello facilite una mayoría parlamentaria para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Pero el riesgo que se corre es grande por el impacto negativo que dicha maniobra pueda tener sobre la inversión y la creación de empleo.
El objetivo de llegar a los veinte millones de puestos de trabajo en el 2020 es clave para reducir la tasa de paro, que podrá bajar hasta el 12% en ese año si se mantiene el ritmo actual de creación de empleo, pero también lo es para la financiación de las pensiones de la Seguridad Social.
Este año que empieza, debido a la insuficiencia de ingresos, la Seguridad Social recurrirá de nuevo al fondo de reserva de las pensiones y lo vaciará por completo. La popular hucha de las pensiones habrá cumplido su cometido de cubrir agujeros en estos últimos años, pero se ha revelado insuficiente. Ante la disyuntiva de recortar las pensiones, algo socialmente inaceptable, o de recurrir directamente a los presupuestos del Estado para cubrir el desfase financiero de la Seguridad Social, el Gobierno parece inclinarse por emitir deuda pública los años que sea necesario, hasta que se incremente lo suficiente el nivel de empleo. En principio parece la solución menos traumática, siempre que lo autorice la UE, pero supone traspasar el problema de las pensiones a las generaciones futuras. En cualquier caso, esta cuestión –y las nuevas reformas necesarias para hacer sostenible el sistema– centrará uno de los grandes debates del nuevo año.
La subida del petróleo iniciada en los últimos meses, como consecuencia de los acuerdos de la OPEP, se intensificará en el año que empieza, con aumentos superiores al 30%, según diversos pronósticos. Esto pondrá fin a la larga etapa de inflación baja, cuando no negativa, que se ha vivido hasta ahora, y empezará a restar poder adquisitivo a los ciudadanos y a incrementar los costes de las empresas.
De la misma manera que España se ha beneficiado mucho del petróleo barato, al ser un país muy dependiente de los hidrocarburos, también resultará más perjudicada a partir de ahora cuando sea más caro. De momento este año la inflación ha superado ya todas las previsiones y se ha disparado hasta el 1,5%. La tendencia al alza continuará en el 2017. Esto comportará una creciente pérdida de competitividad con respecto a la situación anterior. Es algo que deberán tener muy en cuenta empresarios y sindicatos de cara a la negociación colectiva, en un año en que –por primera vez desde que comenzó la crisis– podrían empezar a normalizarse los incrementos salariales. El cambio de ciclo se ha dado con la subida en un 8% del salario mínimo interprofesional después de largos años de haber estado casi congelado.
El gran reto del país deberá ser pasar, a partir de ahora, de la competitividad por devaluación salarial a la competitividad por una mayor productividad y por un mayor valor añadido de sus productos y servicios, lo que requiere una decidida apuesta por la innovación y la investigación, que es la gran asignatura pendiente. De ello dependerá que España pueda seguir incrementando sus exportaciones, que, hasta la fecha, tanto han ayudado a la mejora económica.
En el frente exterior, ante la debilidad de la economía europea, que apenas crecerá un 1,6% en el 2017, las esperanzas están puestas en la importante expansión que pueda registrar Estados Unidos como resultado de los planes millonarios de inversiones públicas, de la desregulación financiera y de la rebaja de impuestos prometidos por Donald Trump. Mientras allí la Reserva Federal anuncia nuevas subidas del coste del dinero para contener el aumento de precios, el Banco Central Europeo mantendrá de momento –y hasta que la inflación repunte cerca del 2%– los tipos en el nivel cero y las inyecciones monetarias masivas.
La diferencia de políticas a uno y otro lado del Atlántico empuja al euro y al dólar hacia la paridad, lo que favorecerá también el crecimiento europeo gracias a las mayores exportaciones hacia Estados Unidos.