Finlandia pone a prueba la renta básica
2.000 parados de larga duración recibirán un cheque de 560 euros al mes, sin ninguna condición, durante dos años
Dos mil parados de larga duración de Finlandia recibieron el jueves una carta de la Kela (Instituto Nacional de la Seguridad Social) anunciándoles que han sido elegidos para recibir durante los próximos dos años una renta básica de 560 euros al mes, libres de impuestos, en lugar del subsidio de desempleo. Será además un cheque mensual sin condiciones: no tendrán que demostrar que buscan trabajo, e incluso podrán trabajar a tiempo parcial, o en empleos temporales o como autónomos y seguirán cobrándolo, y ni siquiera tendrán la obligación de ir a cursos de formación o de mantener reuniones de control y seguimiento con los funcionarios de la oficina de empleo.
Finlandia ha planteado su iniciativa como un experimento (incluye a 2.000 personas, de entre 25 y 58 años, elegidas por criterios estadísticos para representar al conjunto de la población), con una duración de dos años y no como una renta universal, sino limitada solo a personas que ya reciben de forma permanente ayudas públicas no contributivas por su situación de desempleo.
Con todo, esta iniciativa le convierte en el primer Estado que asume una reivindicación que se ha ido extendiendo por todo el mundo como posible solución para mantener los ingresos de la población en un momento en que la globalización y la robotización amenazan con destruir miles de empleos, sobre todo poco cualificados.
“Hace unos años plantear una renta universal era una medida que podía considerarse utópica o radical. Sin embargo, en los últimos años ha quedado claro que la forma desigual en la que se reparten los beneficios de la globalización y la amenaza del cambio tecnológico angustia a parte de la sociedad, que cuestiona el marco económico y político. Y hay que dar una respuesta a este problema, asegurando a los ciudadanos que pase lo que pase el Estado garantizará que tengan cubiertos los mínimos vitales”, señala Juan Tugores, catedrático de economía de la Universitat de Barcelona. “Después de la Segunda Guerra Mundial se planteó el estado del bienestar para dar confianza a la población ante aquella situación de incertidumbre. Y ahora hay que hacer algo similar, dando garantías a los ciudadanos de que los beneficios del progreso tecnológico y la globalización llegarán a todos”, explica. En el mismo sentido, Guy Standing, cofundador de la Red Global Renta Básica, una institución creada específicamente para promover la idea, reconoce que ahora es mejor acogida porque “las elites se dan cuenta de que la desigualdad está convirtiéndose en políticamente peligrosa”.
La renta básica tiene amplio apoyo de la opinión pública porque permite dar unos ingresos estables a los parados de larga duración. Paradójicamente, sin embargo, el primer objetivo de la renta básica finlandesa es fomentar el empleo. En Finlandia, como en España, a menudo a quien percibe un subsidio por desempleo no le sale a cuenta aceptar un empleo a tiempo parcial o por unas semanas, porque puede ganar menos que las ayudas públicas que recibe, y además incluso podrían perderlas. Así, en un país como Finlandia, que tiene miles de profesionales tecnológicos en paro, extrabajadores del fabricante de telefonía Nokia, las
start-up tienen dificultades para encontrar profesionales como apoyo puntual o a tiempo parcial. Los defensores de la medida consideran también que la renta básica aumentará la creación de pequeños negocios: será un “colchón” que permitirá probar fortuna con menos riesgo.
Liisa Hyssälä, directora de la Kela, es una de las principales defensoras en Finlandia de sustituir el actual puzzle de subsidios y ayudas públicas por una renta básica. A su juicio una renta básica podría sustituir a los 6 o 7 subsidios o ayudas diferentes que puede percibir ahora una familia pobre: simplificaría la gestión de la Seguridad Social y frenaría la situación actual en la que los beneficiarios “driblan” al sistema, manteniendo por ejemplo sus niveles de ingresos justo por debajo del nivel que les permite percibir los subsidios más importantes, como una ayuda a la vivienda que cubre el 60% del coste del alquiler. “La línea entre la responsabilidad individual y la social se ha difuminado y en la Kela vemos cuánto. Es fácil moverse en el sistema en provecho propio”, asegura.
Hyssälä señala que por ello una renta básica permitiría hacer más sostenible el estado del bienestar. Esta posición contrasta sin embargo con una de las mayores críticas que se han hecho al sistema: que es imposible de financiar.
Los cálculos iniciales, hechos sobre la propuesta que votó Suiza en verano de dar una renta a todos los ciudadanos, con independencia de su situación económica, señalaban que podría costar a Finlandia el 17% de su PIB, mientras que cálculos similares en España, realizados a partir de una renta que fuera equivalente al SMI, señalan que obligaría a elevar la presión fiscal del actual 44% del PIB al 65%. “Está claro que para garantizar una renta universal de ese importe no cuadran los números. Pero una medida contemplada solo para situaciones especiales y de cuantía moderada, como plantea Finlandia, es diferente”, señala Tugores.
Más allá del coste económico, la gran crítica a la renta básica son sus externalidades. Se cuestiona si una gran parte de la población, al tener unos ingresos garantizados, descartará ponerse a trabajar. También sus efectos en la igualdad de la mujer: para algunos dignificará el trabajo doméstico, al garantizar un salario a las amas de casa, pero para otros frenará la incorporación de la mujer al mercado laboral y perpetuará por tanto su desigualdad. En el mismo sentido, mientras sus defensores alegan que proporcionará unos ingresos a las personas más desfavorecidas y reducirá la desigualdad, otros aducen que frenará el “ascensor social” al favorecer que vivan solo del subsidio. El experimento de Finlandia, precisamente, quiere determinar cuál será la reacción de los perceptores, al comparar su trayectoria personal y profesional durante los próximos dos años con otras 2.000 personas, incluidas en el estudio pero que percibirán los subsidios tradicionales y serán el “grupo de control”.
Tugores reconoce que la medida “puede tener inconvenientes: que den lugar a comportamientos oportunistas, que desincentive la búsqueda de empleo o que incremente la economía sumergida al tratar los beneficiarios de mantener la renta y trabajar a la vez, lo que a su vez deteriora el sostenimiento de las políticas sociales. Pero si se modula, de forma que la renta esté por debajo del salario mínimo, esto podría no producirse. Por eso es importante el experimento de Finlandia, para evaluar esos comportamientos, en un país nórdico en el que se considera que hay un importante sentido de la responsabilidad colectiva, mayor que la de los países mediterráneos, que tenemos por ejemplo más economía sumergida. Se podrá alegar, por eso, que el resultado de Finlandia no puede extrapolarse a nuestros países, como tampoco ha cuajado aquí el concepto nórdico de la flexiseguridad. Quizás. Pero podremos ver qué provoca o qué comportamientos se han de controlar”.
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