El fin de la dispersión
El futuro de los presos de ETA empieza a ocupar un espacio destacado en la agenda política vasca.
El futuro de los presos de ETA empieza a ocupar un espacio destacado en la agenda política vasca. Ya en el discurso de investidura, el lehendakari Iñigo Urkullu insistió en la necesidad de aplicar una política penitenciaria adecuada al “nuevo tiempo”. Como es habitual, este enero centenares de personas volverán a manifestarse por las calles de Bilbao en favor de los derechos de los reclusos. Ayer una víctima de los GAL y otra del terrorismo etarra leyeron el manifiesto.
Una de las encargada de poner voz al llamamiento fue Rosa Rodero, viuda del sargento de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, tiroteado por ETA en 1993 cuando acompañaba a su hijo en coche a la escuela. En 2010, antes por lo tanto de que la organización terrorista dejara definitivamente de atentar, Rodero y otra víctima asistieron al homenaje con el que cada año la izquierda abertzale recuerda al médico y político Santi Brouard, asesinado por los GAL. Aquella fotografía inédita abría un camino de acercamiento, lento y a menudo silencioso, entre personas que han sufrido las diversas violencias en Euskadi. El año pasado la viuda de Goikoetxea –que fue un alto mando de la policía vasca, militante del PNV– decidió dar un paso más y se sumó a la concentración en favor de los presos.
Ella y Karmen Galdeano –su padre, Xabier, murió a manos de los GAL– leyeron ayer un comunicado, según el cual les une un único objetivo: “avanzar hacia un escenario de paz y convivencia”. Consideran que, para que el pasado no se repita, hay que respetar los derechos humanos, también los de las personas presas. Según los firmantes del documento, esto choca con la política de dispersión, con la situación de los que sufren enfermedades graves entre rejas y con el modo actual de computar las condenas.
La manifestación del sábado día 14 está organizada por Sare, red ciudadana de la que es portavoz el exconsejero de Justicia vasco Joseba Azkarraga. Durante la presentación de la movilización –sin posibilidad de preguntas por parte de la prensa– dio a conocer una lista de cien adhesiones de personas “ideológicamente diversas”. En ella destacan nombres como el de Gema Zabaleta, que fue consejera de Trabajo y Asuntos Sociales en el gobierno de Patxi López; el también socialista Daniel Arranz, ex gobernador civil de Bizkaia, y Javier Madrazo, que formó parte de los ejecutivos de Juan José Ibarretxe como líder de Ezker Batua, entonces el referente de Izquierda Unida en el País Vasco. Entre los firmantes hay artistas, deportistas, periodistas y juristas. Todos creen que la política penitenciaria es “vengativa” y penaliza a los familiares.
Esta es una de las carpetas que estarán sobre la mesa en las negociaciones entre los nacionalistas vascos y el Partido Popular. El pacto de gobierno entre el PNV y el Partido Socialista incluye como uno de sus propósitos “favorecer el acercamiento” a los centros penitenciarios de Euskadi y transferir esta competencia a la comunidad.
Esta semana, el llamado Foro Social, un espacio de encuentro entre asociaciones que trabajan en favor de la paz, ha anunciado unas jornadas para el mes de marzo con el objetivo de “construir una hoja de ruta” sobre esta cuestión. En paralelo, el colectivo de presos de ETA ha abierto un debate para decidir si acepta que, de forma individual, cada etarra acate la legalidad vigente para acelerar su puesta en libertad. Se trata de un giro histórico.
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