El caso Trillo
TRECE años después del accidente del Yak42, en el que fallecieron 62 militares españoles de regreso de Afganistán, ha trascendido el dictamen del Consejo de Estado al respecto. En dicho documento, aprobado por unanimidad, se atribuye el percance al agotamiento de los pilotos, pero se responsabiliza también al Ministerio de Defensa de no haber velado adecuadamente por la seguridad de las tropas, pese a disponer de informes que denunciaban el riesgo de usar aeronaves como la siniestrada. Poco después de divulgarse el dictamen, se supo que el Gobierno se apresta a relevar a 72 embajadores, entre ellos al representante de España en el Reino Unido, Federico Trillo, que el 26 de mayo de 2003, fecha del accidente aéreo, era ministro de Defensa.
Fuentes gubernamentales se han apresurado a señalar que la caída de Trillo como embajador no guarda relación con el citado dictamen. Pero a la opinión pública quizás le cueste desvincular una cosa de otra. El informe del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, ha sido concluyente. Y la asociación de familiares de las víctimas del Yak-42 ha sido más expresiva si cabe. A su juicio, “el señor Trillo se tiene que ir porque fue irresponsable e indigno, y por falta de honor”.
El caso Trillo tiene su propia dimensión. Pero invita a abrir el foco y reflexionar sobre la exigencia ética y la conducta deseable en los altos cargos, incluidos aquellos que, como Trillo, fueron de designación política. En otros países, estas personas reciben el nombre de servidores públicos, que define con precisión la naturaleza de su trabajo y los requisitos imprescindibles para su cabal desempeño. Cabe preguntarse: ¿puede ser o seguir siendo servidor de la comunidad quien ha sido reprobado severamente por una parte muy sensible de dicha comunidad? ¿Es conveniente que quien ha sufrido tal reprobación, además de ignorarla, reaccione con altivez ante las críticas de quienes perdieron a sus seres queridos en aquella tragedia aérea? Probablemente, no.
Sin embargo, dicha opinión no parece compartirla Trillo, que tras conocer su próximo cese como embajador ha manifestado su deseo de reingresar en el Consejo de Estado, del que es letrado en excedencia. Precisamente en el órgano que acaba de atribuir al ministerio que dirigió responsabilidades en la caída del Yak-42.
Consideramos que esta pretensión de Trillo es discutible. También que trece años para lograr un dictamen del Consejo de Estado es mucho tiempo. Y, por último, que la tenacidad de los familiares de las víctimas merecía una mejor y más rápida respuesta oficial.