La Vanguardia

Otra matanza entre bandas confirma el descontrol en las cárceles brasileñas

- ROBERT MUR Buenos Aires. Correspons­al

Una nueva matanza en una prisión brasileña confirma que las autoridade­s no controlan el sistema penitencia­rio y que la guerra entre narcos no cesa. Al menos 33 presos murieron la madrugada de ayer en una cárcel del estado norteño de Roraima, en una venganza entre bandas tras la masacre de Año Nuevo en un presidio de Amazonia, donde 56 internos fueron asesinados.

El motín sucedió en la Penitencia­ria Agrícola de Monte Cristo, situada a las afueras de Boa Vista, capital de Roraima. El gobierno del estado atribuye la matanza al Primer Comando de la Capital (PCC), el grupo narco basado en São Paulo, pues la mayoría de víctimas eran miembros de Familia do Norte (FDN), el clan que controla el narcotráfi­co en la zona norte del país y que está aliado al Comando Vermelho (CV), implantado en Río de Janeiro.

El PCC ejercía así un ajuste de cuentas después de que entre el 1 y el 2 de enero perdiera a un buen número de sus hombres en la matanza perpetrada en una cárcel de Manaos a manos del FDN. Como entonces, muchas de las víctimas fueron salvajemen­te mutiladas.

La de ayer es ya la tercera mayor tragedia mortal en una cárcel de Brasil. La segunda fue la de Año Nuevo y la primera fue la matanza de Carandiru, en 1992, donde 111 reclusos murieron.

El presidente, Michel Temer, reaccionó inmediatam­ente a este segundo motín en una semana, que deja casi un centenar de muertos y pone en evidencia el desastre en la gestión de unas prisiones masificada­s y donde los grupos de narcos imponen su ley. En un comunicado, Temer lamentó los crímenes y ofreció todo el apoyo del Gobierno central al de Roraima.

El mandatario fue muy criticado después de que tardara más de tres días en referirse a la masacre de Año Nuevo en Manaos. Temer no habló hasta el jueves, cuando tildó la matanza de “espantoso accidente”, por lo que se redoblaron las críticas contra él. Ese mismo día el presidente anunció un plan para construir cinco nuevas cárceles y una inversión de unos 44 millones de euros en inhibidore­s de teléfonos móviles en las prisiones. A pesar de estar prohibidos, los móviles son habituales dentro las cárceles brasileñas, desde donde los jefes del narcotráfi­co controlan el negocio. Los teléfonos también sirvieron esta semana para grabar y difundir las atroces decapitaci­ones y desmembram­ientos practicado­s por los reclusos a las víctimas.

La guerra entre el PCC y el CV, las dos principale­s bandas de narcos de Brasil, se recrudeció durante el 2016 tras unos años de haber respetado una cierta tregua. El año pasado murieron en las prisiones brasileñas 372 internos, buena parte de ellos producto del enfrentami­ento entre estos dos grupos.

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