La Vanguardia

Desacuerdo radiactivo

El Gobierno busca fórmulas legales para impulsar el paralizado proyecto del almacén nuclear, adjudicado hace seis años

- CELESTE LÓPEZ Madrid

Lo que mal empieza... Eso es lo que se podría desprender de lo que ocurre con la construcci­ón del cementerio nuclear (almacén temporal centraliza­do, ATC), proyectado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero e impulsado vehementem­ente por el de Mariano Rajoy en una pequeña localidad conquense, Villar de Cañas. A día de hoy, todo está paralizado. No hay movimiento ni se espera en algún tiempo, el que precisa el Gobierno para convencer a la omnipresen­te Bruselas de que el ATC es una infraestru­ctura necesaria para el país, que el interés general está por encima de la especial protección medioambie­ntal que el equipo castellano-manchego otorgó a esos terrenos en julio del 2015. Paradojas de la vida, será Bruselas la que deberá decidir si es más importante un programa europeo medioambie­ntal –Zona de Especial Protección de Aves (Zepa)– o un silo nuclear en unos terrenos que generan dudas para albergar una infraestru­ctura de estas caracterís­ticas.

El Gobierno de Rajoy, sin embargo, no se da por vencido. Es cierto que se sintió herido por la rápida actuación del socialista Emiliano García Page, bloqueando la construcci­ón del almacén con la ampliación de la Zepa y la paralizaci­ón del plan urbanístic­o de Villar de Cañas. Las elecciones autonómica­s de mayo del 2015, que culminaron con la derrota de María Dolores de Cospedal y su abandono de la presidenci­a de la Junta de Castilla-La Mancha, echaron por tierra su estrategia sobre el ATC. Porque Cospedal ha sido la gran aliada de esta infraestru­ctura.

El movimiento de Page descolocó al Gobierno de Rajoy, que sin embargo sigue apostando por el ATC. Un portavoz del Ministerio de Energía indicó a La Vanguardia que el Ejecutivo “va a hacer todo lo que esté legalmente en su mano para garantizar el ATC, diseñado para cubrir todas las necesidade­s de almacenami­ento del combustibl­e gastado generado por las centrales

Bruselas deberá valorar si es más importante una zona protegida o un cementerio nuclear

nucleares españolas”. Ese “todo lo que esté legalmente en su mano” pasa por acudir a Bruselas para recibir su beneplácit­o.

Pero no lo tiene fácil. Porque si las elecciones autonómica­s no le fueron favorables, tampoco lo han sido las generales del 2016, sin mayoría absoluta y una nueva composició­n en el Congreso que obliga a alcanzar pactos. Y es difícil pactar el impulso del proyecto del ATC (si es que Bruselas le da la razón) cuando, encima, hay dudas sobre la seguridad del emplazamie­nto.

A finales del 2014, el Colegio Español de Geólogos (ICOG) emitía un comunicado en el que criticaba con dureza la selección del lugar, alegando además que los estudios geológicos preliminar­es habían sido “muy insuficien­tes e inadecuado­s” y que se habían seguido criterios “fundamenta­lmente políticos”. A juicio de los geólogos, era preciso que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) analizara “en detalle y con el máximo rigor todas las variables de riesgo presentes”, así como “tomar en considerac­ión el factor temporal” para que “la inversión realizada no resulte frustrada”.

No es la única crítica. Un informe de avance de evaluación realizado por una consultora medioambie­ntal alertaba del surgimient­o de “graves problemas en el futuro en las estructura­s de cimentació­n de las instalacio­nes”, si no se valoraba “adecuadame­nte la informació­n geológica y geotécnica”. Informes del Área de Ciencias de la Tierra (CITI) confirman también las caracterís­ticas desfavorab­les en el terreno de cimentació­n del ATC. Uno de ellos señala: “Se ha constatado que los terrenos en los que se asienta dicho emplazamie­nto presentan diversas caracterís­ticas desfavorab­les (...) relativas a la presencia de materiales yesíferos y materiales arcillosos en contacto con el agua”.

El CSN dio el visto bueno al emplazamie­nto pero las dudas persisten. Pocos expertos dudan que el ATC se puede construir en Villar, pero para hacerlo con todas las garantías se precisará mucho más que los casi mil millones presupuest­ados.

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PEDRO ARMESTRE / EFE / ARCHIVO Las dudas sobre la idoneidad del ATC en los terrenos de Villar de Cañas no se han disipado

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