Los jueces se rebelan ante el fracaso de la ley de la Segunda Oportunidad
Los magistrados piden cambios para facilitar la exoneración judicial de la deuda
Casi dos años después de aprobarse la llamada ley de la Segunda Oportunidad, que permite la exoneración judicial de las deudas imposibles de pagar por parte de empresarios o ciudadanos particulares en determinadas circunstancias, los jueces y los abogados coinciden en que no ha tenido aún la incidencia deseada y ven imprescindible reformarla para que cumpla su función social. La ley, vigente desde mediados del 2015, ha tenido un arranque muy discreto y el número de concursos presentados ronda los 1.400 en toda España, frente a los más de 100.000 anuales que se tramitan en Francia o Alemania.
“Los datos muestran que las expectativas no se han cumplido y la realidad es que se podría acoger a este procedimiento muchísima más gente”, comenta Raúl García Orejudo, juez mercantil 7 de Barcelona, uno de los tres encargados de tramitar concursos de acreedores de empresarios. En su juzgado, como en el 3 y en el 10 de la capital catalana, se han concluido ya varios concursos con la liquidación de todos los bienes del empresario y la exoneración de las deudas pendientes. “Es una herramienta potentísima, aunque desconocida y, por eso, aún muy poco utilizada”, añade García Orejudo.
Hasta la última reforma de la ley concursal, el deudor insolvente –empresario o persona física– podía ser perseguido de por vida por los acreedores aunque se hubiera quedado sin nada. Los fracasados no tenían derecho a una segunda oportunidad y a volver a empezar por la imposibilidad de endeudarse y, sobre todo, a causa de la prenda existente sobre sus ingresos y bienes futuros.
Ahora ya pueden intentarlo, pero los distintos trámites previos y el propio concurso de acreedores echan para atrás a muchos de los posibles beneficiarios de la ley. Hay que negociar con los acreedores un acuerdo extrajudicial de pagos, pedir al juez el concurso, sufrir la liquidación de todos los activos y, sólo cuando ha pasado todo lo anterior, solicitar “beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho”. Los empresarios, deben dirigirse a los juzgados mercantiles; el resto de ciudadanos, a los juzgados de primera instancia de su localidad. “Una persona insolvente no puede ir a un abogado y pagarle 6.000 euros o más para que le lleve el procedimiento; esta cantidad, muy razonable para determinados perfiles, es inasumible en muchos casos”, explica el abogado Carlos Zarco, experto en insolvencias. Por eso la sección de concursal del Col·legi d’Advocats de Barcelona ha pedido al decano de la institución que se cree un turno de oficio para los concursos de personas físicas. Si el colegio lo considera apropiado, tendrá que negociarlo con la Generalitat, que es quien debería financiarlo. Pero el coste no es el único problema para que esta opción legal coja el vuelo previsto cuando se aprobó.
Una de las claves para que la ley de la segunda oportunidad sea realmente efectiva es que el empresario o autónomo y, sobre todo, el ciudadano insolvente lo tengan fácil en los juzgados y, aún más, antes de llegar a ellos. En algunos países, hay instituciones públicas de acompañamiento. Pero no en España, donde el desconocimiento de la ley y el respeto –o incluso miedo– que pueden sentir muchos ciudadanos ante cualquier cosa que tenga que ver con los juzgados les retrae a la hora de buscar la exoneración judicial de sus deudas con la ley de la segunda oportunidad.
“La ley es perfectible, como todo, pero lo que hay que entender es que no puede esperarse de ella una función mágica”, explica Luis Rodríguez Vega, magistrado de la sección 15 (mercantil) de la Audiencia Provincial de Barcelona. Este juez pide que el Gobierno tenga en cuenta instituciones como el insolvency service del Reino Unido, una entidad pública que sirve de puerta de entrada en este tipo de procedimientos y que gestiona alrededor de 30.000 casos de este tipo por trimestre. “Falta acompañamiento, sin duda. Sin una oficina o agencia pública bien dotadas de medios y personal es muy difícil que quienes cumplen los requisitos objetivos para buscar la exoneración de sus deudas acaben dando el paso”, concluye Rodríguez Vega.