‘Bullying’: la Fiscalía pide proteger a 12 niños
Tres de los menores cursan primaria y los agresores son compañeros que van a la misma escuela
ENSENYAMENTLos centros afectados han intervenido para frenar la situación y reparar el daño
FAMILIAS Se requiere la implicación y actuación de los padres de los jóvenes afectados
AGRESOR Si el menor tiene más de 14 años, puede ser juzgado en función del delito cometido
El año pasado, la sección de menores de la Fiscalía informó al Departament d’Ensenyament de que doce niños menores de 16 años estaban siendo objeto de acoso escolar por parte de compañeros, de su misma edad o alumnos de cursos superiores. Con este requerimiento, el ministerio informa a la administración de la situación que vive la víctima, según la denuncia recibida, y pide que se tomen medidas urgentes para protegerla.
Tres de los menores tienen menos de 12 años y cursan primaria, mientras que nueve se encuentran en la etapa de educación secundaria obligatoria (ESO). Según Ensenyament, los centros escolares a los que asisten los chavales han aplicado ya el protocolo de intervención en caso de acoso que se basa en la interrupción inmediata del maltrato (mediante vigilancia y tutorías), información a los padres de los chicos afectados (agresor y víctima) y actuaciones para normalizar la convivencia.
La judicialización de un conflicto entre iguales que obliga a la implicación de familias y centros suele ser el último recurso que utilizan los padres de una víctima que sufre el maltrato continuo de alguno de sus compañeros de colegio. Si el alumno agresor tiene más de 14 años, se somete a la ley del menor por la que puede ser ya juzgado, aunque por un magistrado especializado que cuenta con una amplia batería de medidas entre las que se incluye el internamiento, según fuentes de la Fiscalía.
“En caso de acoso escolar, intervenga la Fiscalía o no, debe actuarse de inmediato; es un problema que exige la intervención de todos los agentes de la comunidad educativa, director, profesores, psicólogos y familias”, señala la subdirectora de la dirección general de la Infància, Gene Gordó.
En los últimos años ha aumentado la concienciación social sobre el fenómeno del bullying, lo que ha destapado el nivel de conflictividad en las escuelas de las que las denuncias judiciales son la punta del iceberg. No obstante, las administraciones y las escuelas e institutos también han tomado conciencia del fenómeno, sobre el que en el pasado había más permisividad. Y tratan de detectar y, especialmente, prevenir el maltrato dentro y fuera de la escuela (ciberacoso).
Ensenyament dispone de un protocolo en estos casos que sirve de marco de actuación a cada centro que, en función de su proyecto escolar y en virtud del decreto de autonomía, decide cómo actuar en relación con cada conflicto. Como norma general, siempre se informa a los padres, para que se impliquen en el proceso, especialmente los del abusador, y se pone en alerta al psicólogo del centro. En última instancia se expulsa al agresor. Si el caso es grave y media denuncia, la Fiscalía puede adoptar medidas cautelares, algunas tan determinantes como el alejamiento.
“Que un alumno se vaya de la escuela por un conflicto sería considerado un fracaso. No es lo idóneo. Los chavales deben saber que los problemas se resuelven”, indica Gordó, para quien la función de las escuelas es generar espacios amables. Así, “al chico que ha recibido un maltrato hay que darle una plataforma de seguridad para que pueda ir a la escuela tranquilo y se sienta seguro dentro del grupo”. Asimismo, necesita refuerzo psicólogo para restaurar su autoestima, “porque sufre y algo se ha roto en su interior”.
Del mismo modo, necesitan atención los chicos o chicas que han maltratado a un chaval. Los centros deben buscar las causas de su conducta y los motivos que le llevan a comportarse de forma lesiva para los demás. “Son víctimas también y la función de la escuela es educar”, señala la subdirectora.
Finalmente, el grupo en el que se ha producido el maltrato también queda afectado porque ha sido cómplice, testigo mudo de la situación, o bien ha ignorado lo hechos pero los ha conocido con posterioridad. Por tanto, se adoptan medidas para fortalecer la base convivencial y dar recursos para que puedan implicarse en el futuro. Talleres para mejorar la gestión de las emociones, tutorías entre iguales, tutorías individualizadas, medidas restauradoras, mediaciones, orientación psicológica... Las escuelas optan por la forma de resolver los conflictos de puertas adentro, pero deben trabajar también de puertas afuera,
con las familias, ya que la coherencia en el mensaje que se transmite a los alumnos es fundamental, según Gordó. Se exige así la implicación de los padres. “Algunas escuelas animan a los padres a firmar una carta adicional después de cada reunión en la que se recoge las propuestas de actuación”.
El acoso afecta por igual a centros públicos que concertados y se encuentra en cualquier tipo de escuela de entornos favorecidos o desfavorecidos. En cuanto a sexos, los hombres muestran comportamientos de mayor violencia, especialmente física y verbal, aunque se están incrementando las faltas cometidas por chicas a través de las redes sociales. “La tecnología intensifica el sufrimiento de la víctima que ve repetida la agresión en las redes sociales”, indica Gordó.
El acoso escolar es un maltrato físico o verbal que se produce entre compañeros de forma reiterada durante cierto tiempo. La causa, sin ser significativa para la gravedad del comportamiento, suele ser originada por un aspecto diferencial de la víctima (género, sexualidad, etnia...). Adopta diferentes formas como lesiones físicas, agresiones verbales, sociales o digitales. E incluye amenazas, intimidaciones, coacciones, burlas, insultos y robos de objetos. A veces, tras el anonimato.