La Fiscalía pide otra querella contra Forcadell y la Mesa del Parlament
Plantea acciones penales por permitir la votación del 6 de octubre sobre el referéndum
La Fiscalía ha remitido al Tribunal Constitucional un informe en el que pide acciones penales contra Carme Forcadell, presidenta del Parlament, y cuatro miembros de la Mesa (Corominas, Simó, Nuet y Barrufet) por permitir la votación de la hoja de ruta.
LA TESIS El referéndum de autodeterminación se sitúa “extramuros de la Constitución”
La Fiscalía cree que hay motivos para una nueva querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Pero esta vez no sólo contra ella, sino también contra otros cuatro miembros de la Mesa de la Cámara catalana, aquellos que, junto a la presidenta, permitieron que se tramitase y se votara la nueva hoja de ruta rupturista aprobada el pasado 6 de octubre, en el debate de política general, en la que se prevé celebrar un referéndum este año. Se trata de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, los tres primeros de Junts pel Sí y el último de Catalunya Sí que es Pot.
El fiscal estima que todos ellos eran perfectamente conocedores de las resoluciones en que el Tribunal Constitucional (TC) declaró contrarias a la Constitución anteriores resoluciones aprobadas por el Parlament a favor del proceso y del derecho de autodeterminación. Y, no obstante, permitieron la tramitación de las nuevas propuestas.
Estas consideraciones se incluyen en el informe que la Fiscalía ha remitido al TC en relación con el recurso presentado por el Gobierno contra la aprobación de la mencionada hoja de ruta, al que La Vanguardia ha tenido acceso. El pasado 15 de diciembre, el TC admitió a trámite la impugnación del Ejecutivo, suspendió las mencionadas resoluciones y pidió que las partes formularan alegaciones. El fiscal ha formulado las suyas, considerando contraria a la Constitución la mencionada hoja de ruta, al tiempo que solicita que se deduzca testimonio de particulares “para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder” a los mencionados cargos del Parlament. En la ocasión similar precedente, la Fiscalía solicitó lo mismo al TC sólo contra Forcadell. El Constitucional, a su vez, remitió dicho testimonio de particulares –es decir, dio cuenta de los hechos– a la Fiscalía General del Estado, y ésta elaboró una querella por los supuestos delitos de desobediencia y prevaricación que luego fue formalizada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
En este segundo caso, el fiscal subraya que Forcadell y los mencionados cuatro miembros de la Mesa no sólo contaban con las notificaciones y avisos del TC, sino que además fueron advertidos de la posible ilegalidad de su decisión desde la propia Cámara por los grupos parlamentarios de Ciutadans, PSC y PP, que pidieron una reconsideración de la admisión de las iniciativas planteadas por Junts pel Sí y la CUP para desarrollar la mencionada hoja de ruta de ruptura con España.
A pesar de todo ello, no hubo replanteamiento alguno de la Mesa del Parlament, y las propuestas citadas se tramitaron y aprobaron, a sabiendas de que su contenido “refuerza y avala la voluntad del Parlamento de actuar al margen de la Constitución”. El informe del fiscal, de 22 folios, subraya que “la Cámara autonómica puede proponer la reforma de la Constitución, pero lo que no puede es erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad”. La Fiscalía subraya en este punto resoluciones anteriores del propio TC y su doctrina en el sentido de que el Parlament “socavaría” su “fundamento constitucional y estatutario al sustraerse de toda vinculación a la Constitución”.
En sustancia, el fiscal considera que eso mismo, apartarse de la Carta Magna y vulnerarla, es lo que hizo el Parlament con su votación del pasado 6 de octubre, porque la resolución aprobada supone “una ruptura clara y terminante con los principios constitucionales para la vehiculización de las aspiraciones políticas de la mayoría parlamentaria que integra la Cámara catalana y desconoce la recomendación de diálogo que reclamó el propio Tribunal Constitucional” en fallos anteriores. La Fiscalía cree que al volver a promover un referéndum de autodeterminación, el Parlament “se coloca extramuros del orden proclamado por la Constitución”, porque de este modo “desconoce y vulnera las normas constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española, titular de esa soberanía”.
En sustancia, la conclusión de la Fiscalía es que la autonomía del Parlament no puede servir “para soslayar el cumplimiento de las resoluciones del TC”. Por ello solicita la nulidad de las resoluciones aprobadas el 6 de octubre, cuando se falle sobre el fondo del asunto, y que se vuelva a requerir a la presidenta y la Mesa del Parlament para que se abstengan de cualquier actuación que dé cumplimiento a dicha hoja de ruta. Pide también que se haga un requerimiento similar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a todos los miembros del Govern. Y finalmente solicita que el TC “proceda a deducir el oportuno testimonio de particulares” contra Forcadell y los cuatro miembros de la Mesa anteriormente mencionados con el citado objetivo de “exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder” a cada uno de ellos. El informe deja aún más abierta esta cuestión al afirmar que dicha responsabilidad podría exigirse a “cualesquiera otras personas que hayan participado en los hechos descritos”.