El TSJC completa el tribunal que juzgará a Mas por el 9-N
Un juez del contencioso será el tercer miembro que le faltaba a la sala
Eduardo Rodríguez Laplaza, con ocho años de carrera judicial y magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), será el tercer miembro del tribunal que juzgará, en menos de un mes, al expresidente Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera de Ensenyament Irene Rigau por su actuación en la consulta soberanista del 9-N.
Según explican fuentes judiciales, Rodríguez Laplaza fue el titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Vic, desde el 2009 al 2011. Desde esta última fecha hasta el 2013 fue magistrado en el juzgado de lo penal número 3 de Manresa, desde donde solicitó su traslado, en comisión de servicios, a los juzgados contenciosos de Barcelona, destino en el que permaneció hasta su designación en el 2014 como magistrado del TSJC.
El nombramiento del tercer magistrado –que se hizo público ayer a través de una providencia– quedaba pendiente desde septiembre del año pasado. Y es que el TSJC se ha visto obligado a buscar un juez fuera de la Sala de lo Civil y Penal, que es a la que corresponde el caso 9-N, dado que casi todos sus magistrados en activo estaban “contaminados” al haber intervenido de alguna forma en la instrucción de la causa. Porque si bien es cierto que preferiblemente los miembros de los tribunales han de ser de la misma sala, por encima de este requisito está que ninguno de los jueces que formen parte del mismo tienen que haber instruido la causa que juzguen, pero tampoco haberla conocido durante ese período previo. Y, por otro lado, la ley fija que han de ser tres los jueces que integren la audiencia.
En la Sala de lo Civil y Penal, después de que Miguel Ángel Gimeno pasara a ocupar la dirección de la Oficina Antifrau de Catalunya, tan sólo cumplían ese requisito básico Jesús María Barrientos, que también es el presidente del TSJC y que como ponente del tribunal será quien redacte la sentencia, así como el juez Carlos Ramos.
Por eso, finalmente, se ha tenido que recurrir a los magistrados de las otras dos salas, a la del Contencioso Administrativo y a la de lo Social. Enrique Rodríguez Laplaza era el único que no tenía ningún juicio señalado para la semana del 6 al 10 de febrero, fecha en la que está programada la vista oral en la que se juzgara a Mas, a Ortega y a Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional al permitir la consulta del 9-N tras su suspensión.
El tribunal, que con esta designación ya queda constituido, tendrá que decidir ahora si admite la pruebas solicitadas por las partes, entre ellas la declaración como testigo del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, y del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Los tres exresponsables del Govern se sentarán en el banquillo acusados de haber cometido un delito de prevaricación y desobediencia, por los cuales, de ser condenados, se enfrentan a penas solicitadas por la Fiscalía de entre diez y nueve años de inhabilitación.
Los magistrados han de decidir ahora si admiten la petición de que Rajoy declare como testigo