El Estado compromete 122.000 millones para el rescate a la banca
El Tribunal de Cuentas da ya por perdida la mitad de la dotación: 60.718 millones
La factura del rescate bancario en España no para de crecer. El Tribunal de Cuentas informó ayer de que entre el 2009 y el 2015 el importe de las actuaciones llevadas a cabo por parte del Estado ascendió a 122.122 millones de euros, un 13% más de lo que se calculó en el 2014.
No obstante, toda esa cantidad ingente de recursos no se han perdido definitivamente. Según el organismo que se dedica a fiscalizar las finanzas públicas, “el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se situaba, al cierre de 2015, en 60.718 millones”. El Tribunal de Cuentas en su informe apunta que “la estimación del coste del proceso de reestructuración no puede considerarse definitiva, en tanto que no se encuentren finalizados todos los procesos de reestructuración” y avisa de que
INFORME DEL TRIBUNAL CUENTAS CAM, Bankia, Banco de Valencia y Catalunya Caixa son las entidades con más ayudas
SECTOR PÚBLICO El organismo critica gastos innecesarios en informes y líneas de crédito
“pueden provocar un incremento o una disminución” del importe.
El profesor de Esade Robert Tornabell reflexionó ayer que “las cifras no tienen nada que ver con los 41.000 millones que inicialmente anunció el Gobierno que costaría el rescate y que sería en forma de crédito blando de Bruselas”. El profesor del Iese Juan José Toribio asegura que la cifra no está cerrada y podría evolucionar al alza o a la baja en función esencialmente de la venta de Bankia o de BMN.
En abril del 2014, el mismo Tribunal de Cuentas calculó que las aportaciones del Estado al rescate fueron de 107.913,5 millones, por lo que en dos años el coste se ha incrementado el citado 13%.
Las entidades a las que se han destinado más recursos públicos son CAM (26.302,4 millones), Bankia (22.426,5 millones), Banco de Valencia (19.019,3) y Catalunya Caixa (15.510.2). De esas cantidades, una parte se ha perdido definitivamente: según el Tribunal de Cuentas, lidera ese ranking Catalunya Caixa, con 12.676,2 millones, seguida de Bankia (12.346,8 millones). En el caso de Bankia, el organismo da por perdida una cantidad inferior a los recursos públicos destinados a la entidad porque el Estado todavía mantiene una participación en el banco del 64% valorada en 9.734 millones. Obviamente hasta que no se venda de forma efectiva esa participación no se sabrá exactamente si se podrá recuperar algo de las ayudas.
El Tribunal tampoco da por perdida aún la totalidad de las cantidades comprometidas en los esquemas de protección de activos (EPA), por los cuales se garantizaban a cargo de los recursos públicos posibles pérdidas futuras de las entidades nacionalizadas y reprivatizadas. El caso más importante, dado su tamaño, es el de la valenciana CAM, que fue adjudicada a Banc Sabadell. El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC) cubrió unas pérdidas máximas en la entidad de 16.610 millones de euros. En febrero del 2016 se ejecutó el primer pago por valor de 822 millones, según el Tribunal de Cuentas.
En la cuantía del rescate bancario se contabiliza también el dinero
destinado a asesores e informes diversos. El Tribunal de Cuentas considera que en el caso de CEISS y Liberbank se encargaron informes por un importe conjunto de 1,4 millones que resultaron ser “innecesarios”. El Tribunal critica asimismo que el organismo público FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) autorizara contratar una línea de crédito sindicada de hasta 3.000 millones como fuente de financiación alternativa. Esos recursos al final no se utilizaron pese a que su costes durante sus dos años de vigencia fue de 33 millones.
Tras la fiscalización del Tribunal, el organismo recomienda cambios en la forma de gestionar la reestructuración. El informe recomienda que el FROB apruebe, para cada procedimiento de venta de entidades afectadas por procesos de reestructuración o resolución, un documento en el que se regule el citado proceso. Así se podría contabilizar con más detalle los recursos que se aplican a cada uno de los procesos de reestructuración o resolución, así como los ingresos y gastos directamente imputables a estos.