Santiago Romero
La condena a un catedrático de la Universidad de Sevilla por abusos sexuales destapa un régimen dictatorial de amenazas y represión
CATEDRÁTICO DE LA HISPALENSE
La condena a este catedrático de la Universidad de Sevilla por abusos sexuales a dos profesoras y una becaria de investigación ha destapado un régimen dictatorial de amenazas y represión. El acusado ha sido apartado.
Un caldo de cultivo repleto de abusos de poder, mentiras y silencios ha salido a la luz con la condena a Santiago Romero Granados, catedrático en la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, exdecano, ex seleccionador nacional y regional femenino de voleibol y medalla de plata al Mérito Deportivo. Hoy pesan sobre él siete años y medio de prisión por abusos sexuales a dos profesoras y una becaria de investigación entre los años 2006 y 2010.
La sentencia del juez sevillano recoge varios “hechos probados” cometidos por Romero como tocamientos, insinuaciones, amenazas, forcejeos con ánimo libidinoso, comentarios degradantes... toda una extensa gama de agresiones. Y lo hizo desde el primer día y en su despacho, como cuando una de las víctimas, Raquel C. (nombre ficticio), acudió a presentarse ante el decano y él aprovechó para “ponerle la mano en el hombro y a continuación tocarle el pecho”. La mujer se apartó, pero a continuación le puso un documento en las piernas y con esa excusa le tocó el muslo por la parte interna mientras le decía “lo buena que estaba”.
Situaciones parecidas se repitieron con las otras dos víctimas en el despacho, los pasillos y un pub de Sevilla. Tocarles los pechos, agarrarlas por detrás para colocar sus genitales en contacto con los glúteos de las víctimas o a escasos centímetros de sus caras, comentar a una que “tienes que follar más porque estás muy flaca”, encontrarse con otra en un pasillo y decirle “me ha salido un bulto. Aquí en los huevos. Tócalo, tócalo”, algo que la víctima rechazó, son situaciones descritas en la sentencia.
El caso ha provocado un verdadero terremoto en la Universidad Hispalense, acusada de inacción en un caso tan grave. Su actual rector, Miguel Ángel Castro, pidió ayer perdón por lo sucedido, y es que nadie, fuera del cerrado ámbito de un departamento universitario, se explica que Romero haya podido seguir dando clase durante estos años. Las denunciantes jamás fueron recibidas por las autoridades universitarias del momento pese a que lo solicitaron en varias ocasiones.
Los abusos sexuales tuvieron gravísimas consecuencias en las carreras profesionales de las víctimas. Una de ellas, con “un incuestionable deseo de dedicarse a la docencia, ha terminado abandonando la misma por completo e incluso se ha marchado del país”, asegura el fallo. Otra, que se marchó de Sevilla a Granada, “estuvo de baja de forma prolongada, más de seis años, a causa de problemas psicológicos derivados de los abusos, de los que no se ha recuperado por completo”. La tercera mujer es la única que ha rehecho en parte su carrera.
El catedrático Romero Granados pudo cometer los delitos durante tantos años porque se sintió poderoso, porque amarró el silencio de todos. Desde el primer momento, dejó claro a las víctimas que allí mandaba él, y que era él “quien tomaba las decisiones relevantes en cuanto a docencia o investigación”, de manera que ellas tenían que nombrarle “director de sus tesis doctorales y hacer constar su participación en cada publicación que las víctimas realizaran”, subraya la sentencia.
Esta situación de terror, con su futuro profesional dependiendo de un déspota, hizo que las víctimas tardaran varios años en denunciar. El juez considera lógico que, “intentando mantener vivas sus expectativas profesionales, hicieran de tripas corazón y buscasen mantener hacia el acusado, al menos en público, una postura respetuosa, como el resto de profesores, sin perjuicio de que intentaran evitar las situaciones de riesgo”.
Las primeras denuncias fueron ignoradas por la universidad hasta que Antonio Ramírez de Arellano, actual consejero de Susana Díaz, fue nombrado rector y se tomó el caso en serio. La universidad abrió un expediente interno, pero durante su investigación una decena de profesores del departamento firmaron un escrito de apoyo a Romero Granados, excepto dos que sostuvieron la veracidad de las acusaciones. Disidentes que hace tiempo que abandonaron la facultad.
Ahora, tras la sentencia judicial, la Hispalense se ha apresurado a apartar al catedrático y vetar su presencia en la facultad. Una medida que para las víctimas llega muy tarde. “Se ha silenciado el tema todo lo que se ha podido, se ha dicho que había que esperar a la sentencia, cuando lo que había que hacer era proteger a las víctimas de manera cautelar”, recalca José García, profesor de la facultad de Educación.
El caso ha provocado un terremoto en el campus de la Hispalense, acusada de inacción