Misión cumplida
CREADO en el 2011, en los momentos más duros de la crisis económica, el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), compuesto por quince grandes compañías españolas y el Instituto de Empresa Familiar (IEF), ejerció una importante acción para insuflar confianza en el futuro de la economía española, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, cuando los niveles de credibilidad del país estaban bajo mínimos. Tiene todo el sentido común que ahora, una vez consolidada la recuperación de la economía española, esta institución se disuelva, lo que hizo ayer.
El balance de los seis años de actividad del CEC puede considerarse globalmente positivo por su contribución, desde el terreno de las ideas, a la mejora de la imagen internacional del país y su recuperación económica, como ha reconocido César Alierta, expresidente de Telefónica, que ha liderado la citada asociación empresarial desde su fundación hasta ahora.
La potencia del conjunto de los servicios de estudios de las grandes empresas, así como la visión estratégica de estas sobre el futuro del país, ha sido y es de una gran importancia para la economía. En este sentido, merecen una especial atención las recomendaciones que deja como testamento para que España pueda tener un escenario económico más positivo del previsto en el medio plazo y que permita reducir sustancialmente la tasa de paro.
Entre sus principales recomendaciones el CEC incide en la importancia de incrementar la internacionalización de las empresas, así como su tamaño, con el fin de que sean una palanca para impulsar el crecimiento de las exportaciones y mejorar el funcionamiento del mercado laboral. Aboga asimismo por una apuesta clara por la economía del conocimiento, haciendo énfasis en la necesidad de aumentar la inversión en I+D+i y la digitalización de la sociedad; mejorar y modernizar la educación en España a través de una reforma completa y transversal, así como buscar una política energética más eficiente.
La continuidad del CEC, en una situación de normalidad como la actual, corría el riesgo de verse como un mero grupo de presión del poder económico. En realidad, en los últimos tiempos, la asociación se había situado ya bajo el foco crítico de la opinión pública por la sospecha de actuar como un lobby no sólo económico sino también político en favor de los intereses de los sectores más pudientes del país. Ha sido una buena decisión, y también la más lógica, la disolución de la institución una vez cumplida con creces su misión.