El Gobierno lleva al TC su conflicto con la oposición en el Congreso
El Parlamento tramitó proposiciones de ley a las que se oponía el Ejecutivo
Los diez meses de interinidad política en la que vivió España, los que van desde la celebración de las elecciones del 20 de diciembre del 2015 hasta que el 29 de octubre del 2016 Mariano Rajoy fue investido presidente, han dejado muchos pelos en la gatera y algunos conflictos aún sin resolver, pese a que se haya instaurado la normalidad política. Por ello, el Ejecutivo quiere que esos conflictos se aclaren, y que lo haga el Tribunal Constitucional (TC), por si se vuelven a dar las mismas circunstancias.
Para ello, el Consejo de Ministros decidió ayer presentar dos conflictos de atribuciones ante el TC por la admisión a trámite por parte de la Mesa del Congreso de dos proposiciones de ley que el Gobierno había vetado por considerar que suponían un incremento del gasto, motivo por el cual la ley autoriza al Gobierno a vetar la tramitación de una iniciativa parlamentaria de la oposición.
Las dos proposiciones de ley sobre las que el Gobierno había mostrado su disconformidad y la Mesa del Congreso tramitó, a pesar de ello, afectan al calendario de implantación de la Lomce a las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, planteadas en octubre pasado, antes de que hubiera nuevo gobierno. En ambos casos, la Mesa del Congreso consideró que el Gobierno “no justificaba de forma objetiva y suficiente el aumento de créditos o disminución de ingresos”, sin mayores explicaciones, según señala el acuerdo de ayer del Consejo de Ministros.
La Mesa del Congreso rechazó a finales de diciembre la pretensión del Gobierno, motivo por el cual el Consejo de Ministros decidió adoptar ayer los acuerdos de conflicto de atribuciones, al considerar que las razones de la Mesa del Congreso suponen una infracción del artículo 134.6 de la Constitución, “al frustrar el ejercicio de una facultad que la Constitución reconoce expresamente al Gobierno: la de oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley que supongan un aumento de gastos o disminución de ingresos presupuestarios”.
El ministro Portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, dejó claro que el recurso al Constitucional no supone poner en cuestión los temas de fondo a los que se refieren las dos proposiciones de ley, y como muestra de ello subrayó que una de las proposiciones de ley, la referida al calendario de la Lomce, ya ha sido asumida en un decreto ley aprobado por consenso tras la investidura de Rajoy.
El interés del Ejecutivo es “controlar” y asegurar el derecho que tiene el Gobierno de oponerse a cualquier iniciativa que implique aumento de gasto o disminución de ingreso, porque “es una regla esencial del parlamentarismo”. A juicio del Méndez de Vigo, se trata de “salvaguardar derechos constitucionales” que es bueno que aclare el Tribunal Constitucional hasta dónde llegan. El Alto Tribunal también tiene pendiente de resolución un conflicto de atribución de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, interpuesto por el Congreso de los Diputados, y que se refiere al control parlamentario ordinario a un Gobierno en funciones.
Durante la legislatura frustrada de las elecciones del 20 de diciembre, que no consiguió elegir presidente, los grupos de PSOE, Podemos y Ciudadanos, con mayoría en la Mesa del Congreso presidida por Patxi López, decidieron que, aunque el Gobierno estuviera en funciones, debía someterse al control del Parlamento, algo a lo que se negó el Ejecutivo de Rajoy, por considerar que tenía limitadas sus funciones y no podía adoptar decisiones de carácter político. Y como el Gabinete debía circunscribirse al despacho ordinario de los asuntos administrativos, no se podía ejercer sobre el Gobierno en funciones un control político. El Constitucional deberá aclararlo.
El Constitucional todavía debe aclarar si el Congreso puede controlar a un gobierno en funciones