La justicia francesa investiga a Renault por las emisiones diésel
La Fiscalía decide hacer indagaciones, mientras la compañía clama su inocencia
¿Habrá un dieselgate a la francesa? De momento la justicia francesa no acepta las explicaciones de Renault y ha decidido abrir una investigación judicial contra el primer fabricante francés de automóviles sobre la polución ocasionada por sus motores diésel.
El asunto comenzó en octubre del 2015, pocas semanas después de que estallara el escándalo Volkswagen en Estados Unidos. La ministra de Medio Ambiente, Ségolène Royal, creó entonces una comisión de expertos independientes a fin de que comprobara el nivel de emisiones en un centenar de coches vendidos en Francia, todos los modelos diésel.
Las conclusiones de la comisión fueron muy malas para Renault: se comprobaron importantes excesos en los niveles de contaminación autorizados en los modelos Captur, Kadjar y Talisman. Las normas europeas no eran respetadas. O sí...
Los emisiones reales de los vehículos, en condiciones precisas de circulación, excedían claramente la norma. El problema era que, pese a ello, pasaban la prueba en condiciones de laboratorio. El truco de los fabricantes fue, precisamente, ingeniárselas para que sus coches superaran esas pruebas artificiales y diseñando los motores de forma adecuada para ello. Desde ese punto de vista, puede hablarse de un fraude generalizado.
La gran ventaja de Renault es que no vendía coches en Estados Unidos, a diferencia de Volkswagen, y de los casos de Fiat-Chrysler esta misma semana. En Europa no se podía cuestionar el fraude, puesto que el problema radica en las propias normas y pruebas de laboratorio europeas.
El Ministerio de Medio Ambiente francés señaló el problema de la diferencia entre la realidad y las pruebas de laboratorio. En paralelo, el Ministerio de Economía encargó a su departamento competente, la dirección general de la Competencia, el Consumo y la Represión del Fraude (DGCCRF) que investigara el asunto. En enero del año pasado, los funcionarios de esa comisión efectuaron un registro sorpresa en diversas sedes de Renault. Con la información recogida se pudo comprender mejor la estrategia del fabricante. Toda esa información fue entregada a la justicia, que podía bien archivar el caso, bien iniciar una investigación. La segunda opción ha sido la decidida, anteayer, coincidiendo casi con el caso FiatChrysler en Estados Unidos.
Tres jueces han sido encargados de investigar un posible “engaño acerca de las calidades sustanciales y los controles efectuados” con el resultado de “haber convertido en peligrosas para el hombre o el animal las mercancías en cuestión”.
La compañía, cuyo principal accionista es el Estado, y que en marzo anunció un plan de reducción de emisiones de óxido de nitrógeno en sus coches diésel, clama su inocencia. Una nota de Renault explicaba ayer su intención de “hacer valer sus derechos”.
Las acciones de Renault perdieron más del 2%, pero el índice CAC-40 cerró con una subida del 1,20%. Las empresas de ese índice han cerrado el 2016 repartiendo 56.000 millones en dividendos y compras de acciones, es decir mejor en que en el 2007. Gracias al regalo de 43.000 millones del Gobierno Hollande, aseguran las malas lenguas.
Las acciones de la empresa caen un 2%, pero el índice francés cierra el año mejor que en el 2007