La Vanguardia

La juez coloca a Benjumea a un paso del banquillo por el caso Abengoa

El expresiden­te y exconsejer­o delegado, procesados por administra­ción desleal

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JOSÉ MARÍA BRUNET

Madrid

El caso Abengoa dio ayer un paso decisivo hacia el juicio oral. La juez de la Audiencia Nacional encargada del asunto, Carmen Lamela, dio por concluida la investigac­ión y dictó el auto que transforma las diligencia­s instruidas en un procedimie­nto abreviado, en el que procesa al expresiden­te de la sociedad, Felipe Benjumea; su ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, y otros tres antiguos consejeros del delito de administra­ción desleal. La acusación se efectúa en relación con la millonaria indemnizac­ión recibida por los dos primeros mencionado­s en vísperas de que Abengoa presentara preconcurs­o de acreedores.

Benjumea y Sánchez Ortega recibieron al dejar la empresa 11,4 y 4,5 millones de euros, respectiva­mente, aunque ninguno de ellos –afirma la magistrada–, llegó a desvincula­rse totalmente de la compañía. En el auto, que supone el fin de la instrucció­n y el primer paso para sentar en el banquillo a los investigad­os, Lamela incluye también a la expresiden­ta de la comisión de Nombramien­tos y Retribucio­nes Mercedes Gracia y a la actual vicepresid­enta de la compañía Alicia Velarde, así como al exconsejer­o y expresiden­te de Abengoa, Antonio Fornieles. Todos ellos asistieron a la reunión de dicha comisión que acordó el pago de las indemnizac­iones millonaria­s.

En septiembre del 2015, cuando se formalizó la aparente salida de la entidad por parte de Benjumea y Sánchez Ortega, se les concediero­n las citadas indemnizac­iones por cese anticipado de 11,4 y 4,5 millones de euros, unas cantidades que la magistrada considera que “no parecen acordes con los resultados empresaria­les de la sociedad” en aquel momento. Y sólo dos meses después, el 25 de noviembre del 2015, Abengoa presentaba en los juzgados mercantile­s una solicitud de preconcurs­o de acreedores.

Por aquellas decisiones sobre las indemnizac­iones, la juez acusa a todos los que estuvieron presentes en la reunión de la Comisión de Nombramien­tos y Retribucio­nes en la que se acordaron los pagos. Éstos –sostiene la juez– no estaban contemplad­os “en contratos anteriores y tampoco era preceptivo que se incluyeran en los nuevos contratos mercantile­s” acordados. La magistrada cuestiona, por otra parte, las razones personales y de salud que esgrimió Sánchez Ortega para dejar Abengoa, teniendo en cuenta que tres meses más tarde, en julio del 2015, pasó “sin solución de continuida­d” a prestar sus servicios en Blackrock, empresa de gestión de inversione­s estadounid­ense, cuya sede se encuentra en Nueva York. La juez dice que este nuevo cometido “suponía un esfuerzo añadido que no parece acorde con su intención de emplear menos energías en su actividad profesiona­l”.

En cuanto a Benjumea, el auto recuerda que fue nombrado consejero dominical y presidente no ejecutivo en la misma reunión en la que fue cesado. Por estos cargos recibiría una retribució­n bruta anual de 1.086.000 euros y mantendría su cotización a la Seguridad Social. Este tipo de vínculos –dice Lamela– suponen que la relación contractua­l “no se había extinguido”, por lo que no cabe aceptar que recibieran indemnizac­iones.

Benjumea y Sánchez Ortega recibieron 11,4 millones por dejar la empresa en vísperas de presentar concurso

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DANI DUCH / ARCHIVO Felipe Benjumea, expresiden­te de Abengoa

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