Viviendo en la penumbra
España es el tercer país de la Unión Europea donde más caro es el recibo de la luz, donde siete millones de personas no tienen dinero para poderlo pagar y son víctimas de la llamada pobreza energética. Paralelamente, el fraude se dispara con miles de casas conectadas ilegalmente a la red eléctrica, con Andalucía a la cabeza en número de domicilios. Sólo hay que usar cualquier aplicación de intercambio de productos y servicios para encontrar un montón de presuntos electricistas que se ofrecen a bajarte el importe del recibo. Ilegalmente, claro. Con todo, el grueso de los contadores manipulados no están en viviendas familiares, sino en polígonos industriales. Parece ser que son las empresas las que más luz roban a la red general. Y, ¿quién paga todos estos kilovatios robados? Seguro que lo han adivinado: el resto de los usuarios que abonamos cada mes o dos meses nuestro recibo. El importe del fraude está incluido en el precio del kilovatio.
He querido hacer un pequeño resumen de la situación porque esta semana el frío ha empezado a golpear en serio y, según dicen los meteorólogos, la próxima semana aún será peor. Imagínense vivir en una casa donde no se puede encender una estufa, un calentador o, a veces, ni una triste bombilla. Una bajada de temperaturas que ha coincidido con un aumento extraordinario del precio de la luz. Hace un par de años se cambió la forma de calcular el precio del kilovatio, precisamente porque pasó exactamente lo mismo que ahora. Mucho frío y precios altísimos. No parece que haya servido de nada.
El precio de la energía es un tema difícil, complejo en un país que no es productor neto y donde las chapuzas de sucesivos gobiernos sólo han conseguido complicar más las cosas. Un ejemplo claro es que una parte muy importante del recibo, más de la mitad, no es la luz que consumimos. Son diversos impuestos y tributos (como pasa también con el recibo del agua en Catalunya). Entre las cosas que pagamos con él está la fiesta de la tuneladora Castor de la ACS de Florentino Pérez, que fracasó en su intento de sacar petróleo ante las costas de Tarragona después de provocar movimientos sísmicos. Pero casi es una anécdota. Costará mucho más enjugar los 30.000 millones de euros de deuda que el Estado contrajo con las compañías eléctricas por no dejarles subir el precio de la luz. Una deuda monstruosa que, como el rescate bancario, iremos pagando todos los usuarios con nuestros recibos durante años. También las pérdidas motivadas por una pésima planificación de las ayudas a las energías renovables que, encima, está provocando un montón de demandas por parte de compañías internacionales que se consideran perjudicadas. Posibles indemnizaciones futuras que, de nuevo, seremos nosotros, los ciudadanos, los que deberemos pagarlas.
Me he extendido mucho, quizá en exceso, si es que ustedes recordaban todos los datos y noticias que he intentado resumir. Somos víctimas de la ineficacia, la inoperancia y la política de ir dando patadas a los problemas en dirección al futuro que, como pasó con la burbuja financiera, han acabado estallando y llenándolo todo de un chapapote espeso que nos costará mucho dinero poder limpiar. Y del vicio público de socializar las deudas sobre ciudadanos cada vez más sobrecargados. Más que pobreza energética, sufrimos pobreza de decencia.
Una parte muy importante del recibo, más de la mitad, no es la luz que consumimos; son diversos impuestos y tributos