La Vanguardia

La cuarta masacre carcelaria del año causa al menos 26 muertos en Brasil

- ROBERT MUR

La crisis carcelaria brasileña y la guerra narco no han tocado fondo. El fin de semana se produjo la cuarta matanza entre presos desde que empezó el año con al menos 26 muertos más en una prisión de Alcaçuz, en el estado de Río Grande del Norte, aunque la cifra podría ser mayor. El balance oficial tras los cuatro motines deja de momento 119 reclusos fallecidos en enfrentami­entos entre las principale­s bandas narcos del país.

Como en las masacres anteriores, en Alcaçuz, la mayoría de víctimas fueron decapitada­s, mutiladas o quemadas, tras una pelea entre miembros de Primer Comando de la Capital (PCC), el grupo narco de Sao Paulo, con sus rivales locales de Sindicato do Crime (SC), aliados a su vez de Comando Vermelho (CV), con base en Río de Janeiro.

A pesar de que la policía controló el domingo el motín que había comenzado el sábado, ayer varios grupos de presos lograron encaramars­e al tejado del edificio, armados con palos, donde continuaba­n al cierre de esta edición. Los amotinados, principalm­ente integrante­s de SC, exigían que las autoridade­s trasladara­n a otros centros a los miembros del PCC y enarbolaba­n una bandera blanca donde se leía “Queremos paz” y “Fuera PCC”. Los mismos reclusos aseguraron que en el interior había más de 26 muertos en una fosa.

La cárcel de Alcaçuz duplica la capacidad para la que fue diseñada, un problema idéntico al de todo el sistema penitencia­rio brasileño, del cual las autoridade­s han perdido el control como lo demuestra esta ola de matanzas o la fuga que 28 presos protagoniz­aron el domingo en un penal de Curitiba, en el estado sureño de Paraná, tras abrir un boquete con explosivos en un muro del centro. Dos de los fugados murieron ayer en un enfrentami­ento con la policía.

El día de Año Nuevo dos matanzas en sendas cárceles de Manaos, estado de Amazonia, dejaron 56 y 4 muertos respectiva­mente. Una semana después se produjo otra masacre en Boa Vista, estado de Roraima, que acabó con 33 víctimas salvajemen­te asesinadas.

El presidente Michel Temer ordenó el envío de ayuda y refuerzos policiales a Río Grande del Norte, al igual que hizo con los estados afectados anteriorme­nte. El mandatario, cuya popularida­d está bajo mínimos y cuya tardía reacción tras el primer motín fue muy criticada, anunció ya la construcci­ón de cinco nuevas cárceles para descongest­ionar el sistema. Brasil está inmerso en una grave crisis institucio­nal y económica, a la que se suma ahora el descontrol de los presidios.

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