El Parlament apela a la libertad de expresión ante el TC
La Cámara niega la relación entre la resolución del referéndum y la de ruptura anulada
El Parlament defiende la legalidad de la resolución del referéndum sobre la independencia aprobada por Junts pel Sí y la CUP durante el debate de política general celebrado en octubre y niega que ésta tenga nada que ver con la resolución rupturista del 9 de Noviembre del 2015, anulada por el Tribunal Constitucional (TC). Asimismo, la inscribe dentro del debate parlamentario y apela a la “libertad de expresión” para defender su adecuación al reglamento.
Son algunos de los argumentos que la Cámara catalana ha presentado ante el TC en sus alegaciones contra la admisión a trámite del incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno central. Éste solicitaba la suspensión de dicha resolución al considerar que desarrolla la declaración de ruptura del 9 de noviembre. En cambio, no ha actuado en contra de otra resolución, aprobada por Junts pel Sí y la Catalunya Sí que es Pot, que promovía la celebración de un referéndum pactado. La de la coalición de Govern con los antisistema prevé una consulta unilateral.
El Parlament señala que dicha resolución no guarda “una relación directa” ni de “inmediata causalidad” con la declaración del 9 de noviembre y por tanto no procede presentar un incidente de ejecución de sentencia. Si el Gobierno considera que esta iniciativa es ilegal, debería haber abierto un procedimiento aparte, añade en las alegaciones. A su entender, la resolución se produce “en el marco de una función parlamentaria, como es el debate de la orientación política general del Gobierno, de carácter totalmente independiente a cualquier resolución anterior”.
El escrito también subraya que la Constitución “no prohíbe ni establece límites al debate político (...) aun cuando se dé una discrepancia entre el proyecto o idea que se debate y el contenido de la Constitución”. El Parlament va más allá y señala que esta discusión “sobre las distintas opciones del futuro político” de Catalunya “monopoliza buena parte de los debates en las familias, las tertulias, las radios, las televisiones, los periodistas, politólogos y sociólogos”. Y dado el interés que despierta entre la ciudadanía, según el Parlament, sería “anómalo limitar este debate en la institución”.
Los letrados también defienden la “inviolabilidad” de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que permitieron la tramitación de la resolución, además de señalar algunos defectos de forma en el incidente de ejecución. Por todo ello, solicitan que la iniciativa no sea anulada.