La CUP dobla la presión sobre el Govern para subir el IRPF
A las demandas impositivas de los cuperos se suman las del resto de la izquierda
La subida de impuestos que reclaman los grupos progresistas en el Parlament ha añadido tensión a la ya de por sí compleja negociación de los presupuestos de la Generalitat entre el Govern y la CUP. Los anticapitalistas reclaman la subida del tramo autonómico del IRPF y la modificación de los impuestos de patrimonio y de sucesiones, exigencias que suponen uno de los mayores escollos para pactar las cuentas con el Ejecutivo. El Govern rechaza una modificación de la presión fiscal, aunque está dispuesto a negociar sobre éste y cualquier otro tema, señaló ayer la consellera de Presidència, Neus Munté. Fuentes del Govern matizaron posteriormente que en ningún caso hay un cambio de criterio y que esté dispuesto a subir impuestos, “porque es una línea roja”.
La demanda impositiva de la CUP, aun así, se ha visto superada por las enmiendas a la ley de acompañamientos pactadas entre el PSC y Catalunya Sí que es Pot. Ambos grupos han presentado una propuesta de reforma fiscal más profunda que permitiría, según sus cálculos, una recaudación extra de 790 millones de euros para las arcas de la Generalitat, frente a los 500 millones de la propuesta de la CUP. En concreto, las enmiendas de socialistas y comunes prevén la reducción del tipo en el tramo más bajo de rentas, las inferiores a 20.000 euros anuales, pasando del 12% al 11,5% en el tramo autonómico. Esta rebaja afectaría a todas las rentas hasta 60.000 euros anuales, explicó el portavoz de Sí que es Pot, Joan Coscubiela.
En el otro extremo, proponen una importante subida a las rentas superiores a los 60.000 euros, de entre tres y cinco puntos según el tramo, de forma que las rentas de más de 120.000 euros anuales pagarían un 30% de impuestos sólo en el tramo autonómico. Esta subida de los impuestos afectaría “a un 3,8% de la población catalana”, según Coscubiela. La reforma del impuesto de sucesiones, por su parte, aportaría por sí sola 450 millones de euros.
La operación de socialistas y comunes es una forma de dejar en evidencia a los antisistema y resaltar las debilidades en la negociación de los presupuestos. “La CUP ha rebajado sus pretensiones y ha antepuesto el referéndum y el proceso independentista a una reforma fiscal más justa y progresiva, por eso hacen propuestas menos ambiciosas de lo que dijeron”, subrayó la diputada socialista Alicia Romero.
Es muy poco probable, de todas maneras, que las enmiendas de socialistas y comunes prosperen, porque Junts pel Sí, Ciutadans y el PP se opondrían a aumentar la carga impositiva. Aun así, el PSC y Sí que es Pot intentan destacar las “coincidencias” en política fiscal y social de estos tres grupos y buscar el voto favorable de los antisistema.
La CUP, por su parte, está poniendo toda la carne en el asador para conseguir incrementar la carga fiscal “a los que más tienen”. Los anticapitalistas Benet Salellas y Eulàlia Reguant argumentaron que sus medidas “son un ejercicio de realidad y de alternativas sencillas y baratas”. Igualmente, exigieron al Govern que decida “si quiere seguir beneficiando a ese 4% de privilegiados” que cobran más de 60.000 euros o si prefiere atender las necesidades del 96% restante. “Es el momento de sentar las bases y discutir si construimos una república o una ‘reprivada’”, remachó Reguant.
Según los cuperos, los nuevos tramos en IRPF afectarían al 4% de la población activa, unos 120.000 contribuyentes. ¿Considera la CUP que todavía hay margen para discutir la fiscalidad con el Govern? “La partida está abierta y el Govern tiene tiempo. Que valore y discuta qué es lo mejor”, avisó Salellas.
Con la certeza de que las trece secciones serán aprobadas y que continuaran su tramitación parlamentaria hasta la elaboración del dictamen de la comisión de Economia el 1 de febrero, ayer le tocó presentar las cuentas de su departamento a Raül Romeva, conseller de Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. De nuevo, Junts pel Sí consiguió superar las enmiendas a la totalidad presentadas por Ciudadanos, el PSC, Sí que es Pot y el PP gracias al apoyo de la CUP. Romeva aseguró que su conselleria ha sido creada con un mandato “muy claro”, que es construir un “ministerio de la república” catalana.