La banca deberá informar a los hipotecados con cláusulas suelo de que pueden reclamar
La vía extrajudicial pactada entre PP, PSOE y C’s para aplicar el fallo europeo ofrecerá alternativas a la devolución en metálico
El Gobierno aprobará mañana un real decreto que crea una vía extrajudicial para indemnizar a los titulares de hipotecas con cláusulas suelo. La medida, pactada por PP, PSOE y C’s, obliga a la banca a comunicar a todos los afectados, 1,4 millones, que existe esa vía para reclamar. El decreto prevé que los bancos puedan hacer ofertas que no impliquen la devolución en metálico.
Después de dos aplazamientos de última hora, el Gobierno se aseguró ayer el apoyo parlamentario imprescindible para sacar adelante por fin un procedimiento extrajudicial para la devolución de las cláusulas suelo. Gracias al cierre de un pacto con el PSOE, este mecanismo, que se aprobará mañana viernes en el Consejo de Ministros, obliga a las entidades bancarias a informar a los 1,4 millones de afectados por el cobro de esta cláusula sobre la existencia de esta nueva vía al margen de los tribunales. De adherirse a ella, los clientes tendrán que cobrar en el plazo de tres meses. Así lo anunciaron ayer los portavoces socialistas quienes reconocieron, sin embargo, que el procedimiento permitirá a los bancos hacer ofertas alternativas a la devolución del dinero en metálico indebidamente cobrado.
La diputada del PSOE y magistrada en excedencia del Tribunal Supremo Margarita Robles explicó que, aunque sea posible realizar ofertas “complementarias” –la amortización parcial del préstamo, el cambio a una hipoteca fija...–, la primera propuesta de la entidad bancaria ha de ser la devolución de una determinada cantidad de dinero. Además, en el caso de plantear este tipo de oferta “subsidiaria”, la propuesta debe hacerse por escrito en un documento aparte y el hipotecado tendrá quince días para buscar asesoramiento y tomar una decisión.
La nueva regulación, que en el Congreso contará con el voto afirmativo de Ciudadanos y la abstención del PSOE y que también ha sido negociado con la banca, establece que el cálculo inicial tendrá en cuenta de forma “expresa y desglosada” los intereses de demora.
El portavoz de economía del PSOE, Pedro Saura, insistió ayer en que el decreto ley garantiza que se comunique a “todos” los hipotecados que tenían una de las cláusulas suelo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea calificó de nulas desde el principio si no eran transparentes, y que el Banco de España calcula que puede suponer unos 4.000 millones de euros. “La medida pone en marcha un procedimiento extrajudicial rápido, transparente, sin quita y que consolide todos los derechos de los consumidores, reconocidos por el Tribunal Europeo”, defendió Saura. Se mantiene también el planteamiento de que la vía extrajudicial sea voluntaria para los hipotecados –en cualquier momento pueden acudir a los tribunales– y obligatorio para las entidades de crédito. La normativa establece asimismo que quienes ya tienen abierto un contencioso judicial, pueda quedar en suspenso si se el usuario está interesado en explorar la vía negociada.
Tal y como se recogía en anteriores borradores, los ministerios de Justicia y Economía han fijado incentivos para que tanto los clientes afectados como las entidades bancarias eviten acudir a los tribunales. La Administración teme un colapso judicial en el caso de que una parte importante de los afectados acaben sin llegar a un acuerdo
amistoso con su banco y se enfrenten a procesos que pueden durar entre un año y medio y dos años. Por ello, el texto consensuado establece que el juez “puede imponer la condena en costas” a los bancos cuando la sentencia establezca una compensación superior a la oferta realizada inicialmente por las entidades. Con esta medida, afirman, se pone coto a la tentación por parte de los bancos de ofrecer una cantidad “irrisoria” .
El decreto ley establece la creación de un órgano de arbitraje, donde tendrán representación entre otros de las asociaciones de consumidores, de usuarios de la banca y el Consejo General de la Abogacía. Fuentes ministeriales confirman que entre las funciones de este órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones que se presenten estará vigilar que haya “una comunicación adecuada” del procedimiento extrajudicial a los afectados.
El acuerdo establece también que la devolución de cantidades a los afectados no estará sujetos al IRPF ni cuando se fijen por el procedimiento extrajudicial ni por sentencia. Sí que será necesario regularizar las deducciones que se hayan realizado por la adquisición de vivienda habitual en el impuesto sobre la renta.
Este ajuste, en todo caso, no comportará ante la Agencia Tributaria ni intereses de demora, recargos ni sanciones.