Tropiezo del Brexit.
El Supremo confirma que los diputados han de autorizar la salida de la UE
El Supremo británico confirmó ayer que el Brexit debe aprobarse en el Parlamento, atendiendo una demanda de la empresaria Gina Miller (en el centro). El Gobierno espera lograr la mayoría necesaria.
Habló el oráculo, compuesto en este caso por los ocho jueces del Tribunal Supremo británico. Y dijo que el Parlamento ha de refrendar con su voto la ruptura entre el Reino Unido y la Unión Europea, pero que el Brexit sigue adelante porque el nacionalismo inglés tiene preferencia sobre el escocés (aunque este se lleve la fama), el galés y el norirlandés, y los países autónomos no tienen nada que decir en un tema de política exterior como las relaciones con Europa. Manda Londres.
Aunque Theresa May perdió un partido (el poder ejecutivo no puede saltarse a la torera al poder legislativo), lo cierto es que la primera ministra evitó la goleada y por el momento tiene encarrilada la eliminatoria del Brexit. La catástrofe habría sido que los jueces hubiesen permitido a Edimburgo, Cardiff o Belfast vetar el proceso, frenando así en seco el divorcio. Pero no estaba previsto que lo hicieran, y no lo hicieron.
Para Downing Street, que se esperaba esta sentencia, se trata de un inconveniente menor, que resolverá presentando en cuestión de días a los Comunes y a los Lores un acta parlamentaria (proyecto de ley) minimalista, lo más escueta y al grano posible, con poco margen para enmiendas, proponiendo la invocación del artículo 50 del tratado de Lisboa, el mecanismo que desencadenará la separación con Bruselas y abrirá un plazo de negociaciones de dos años para dividir los bienes y articular las futude ras relaciones. May quiere hacerlo antes del 31 de marzo.
La pequeña mayoría conservadora en los Comunes, unida a la decisión del Labour de “respetar la voluntad del pueblo expresada en el referéndum”, garantiza que la ley del Brexit será aprobada, aunque sea con la oposición de los liberaldemócratas, los Verdes y 58 los 59 representantes escoceses, lo cual crea un dilema constitucional y acerca la perspectiva de un nuevo referéndum de independencia, pero no descarrila el Brexit. La cita parlamentaria será un socavón en la carretera que el Jaguar oficial de May no tendrá problema en sortear.
Otra cosa es lo que pase más adelante. Por el momento el Gobierno británico no está teniendo dificultades ante rivales flojos (un Labour fracturado, unos liberaldemócratas borrados del mapa electoral, una Cámara de los Comunes controlada por los conservadores…), pero se trata como quien dice de la fase previa de la Champions, y la fortaleza de May y su equipo se verá cuando tenga que medirse con la canciller alemana, Angela Merkel, con el próximo presidente francés, con Donald Tusk (presidente del Consejo Europeo), y con Michel Barnier (negociador jefe de Bruselas para el Brexit). Otra liga.
Ese prodigio democrático que es una división real de poderes ha hecho que May muerda el polvo en su intento –grave error de cálculo– de que el ejecutivo desencadenara el artículo 50 (y por tanto el Brexit) sin necesidad siquiera de consultar el Parlamento, mediante la llamada prerrogativa real , un derecho medieval que históricamente ha permitido a los reyes ingleses declarar la guerra y tomar otras grandes decisiones por su cuenta y riesgo. Pero el Supremo, igual que antes habían hecho un tribunal inferior, dijo basta. Cuando menos hay que mantener las formas, porque el Reino Unido no es Corea del Norte ni una república bananera.
Por ocho votos a tres, una rotunda mayoría, sus señorías dictaminaron que hasta que no haya concluido el Brexit la ley europea sigue teniendo prevalencia sobre la británica, y que el Gobierno no
Downing Street está seguro de ganar la votación con el apoyo de un Labour dividido Los jueces niegan a Escocia, Gales y el Ulster el derecho de veto sobre el Brexit
puede alterar esa realidad constitucional tan grave sin la aprobación del Parlamento de Westminster. Y que por si ello fuera poco, el divorcio con Europa va a disminuir los derechos de numerosos residentes (todos los nacionales de la UE), algo tan fundamental que no se puede hacer sin el consentimiento de los diputados y la Cámara de los Lores.
Un percance para May, pero no una debacle. Los norirlandeses habían pedido el derecho de veto al Brexit por la manera en que puede afectar al proceso de paz y su frontera con la República de Irlanda. Y los escoceses y galeses otro tanto, por estimar que la separación de la UE interferirá competencias autonómicas duramente negociadas con Londres, y debería requerir por tanto el consentimiento de los Parlamentos de Holyrood y Cardiff. Pero el Supremo dijo que naranjas de la China, y dio alas al nacionalismo inglés, nostálgico y de residuos imperiales, frente al escocés más contemporáneo y de índole práctica, que reclama la independencia. Aunque ninguno goza de una mayoría clara. El unionismo ganó un referéndum al soberanismo por un 55% a 45%, y los euroescépticos se impusieron en el otro a los eurófilos por un 52% a 48%.
Pese a la derrota judicial, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, afirmó que “Downing Street tiene la obligación política de consultar con Edimburgo” y tener en cuenta los intereses de su país en lo relativo al Brexit, “en vez de pasar el rodillo como está haciendo”. Y adelantó su intención de complicar el refrendo parlamentario con la interposición de medio centenar de enmiendas. “Otra consulta soberanista –amenazó– está más cerca que nunca”.
El que no levanta cabeza es el Labour, una parte importante de cuyo electorado es brexista. Y para intentar evitar que se vaya eventualmente al UKIP, su líder Jeremy Corbyn ha optado por nadar y guardar la ropa. Apoyar al Gobierno en el voto del Brexit, pero “defendiendo los derechos de los trabajadores” (no queda claro cómo). Pedir controles a la llegada de extranjeros, pero “reconociendo el valor de la inmigración”. O sea, una de cal y otra de arena que no crea más que confusión entre sus bases y no le lleva a ninguna parte, más que a la aniquilación electoral.
En resumen, la sentencia del Supremo es un tortazo al Gobierno por pasarse de listo. Pero el Brexit sigue vivo, el Parlamento lo refrendará, el artículo 50 será invocado antes del 31 de marzo, y entonces comenzará de verdad la faena. Hasta entonces, muchos muletazos y alguna que otra banderilla, pero nada del otro mundo.
Sturgeon obstruirá el refrendo en el Parlamento con una lluvia de enmiendas