Brexit, Gobierno y Parlamento

EL Gobierno conservador de Theresa May sufrió ayer una derrota, esperada pero no por ello menos incómoda, cuando el Tribunal Supremo británico decidió que no habrá Brexit sin la aprobación previa del Parlamento. Y que, además, los parlamentarios británicos tendrán la posibilidad de proponer enmiendas a las normas del Brexit y, quizás, atemperar en alguna medida su dureza. Ocho de los once miembros de dicha corte votaron contra el deseo del Gobierno de invocar la prerrogativa real que le hubiera permitido llevar adelante el Brexit sin consentimiento parlamentario. Esta decisión de la alta instancia judicial supone, como decíamos, un revés para el Gobierno May. Pero, según fuentes diversas, quizás no comporte retrasos en el calendario previsto. Se estima muy probable que May pueda activar el artículo 50 del tratado de Lisboa a finales de marzo, tal como estaba previsto, y así abrir el proceso de negociaciones para la desconexión de la Unión Europea, que los más optimistas calculan que durará dos años, y algunos eurofuncionarios británicos, conocedores de la complejidad del caso, sostienen que se demorará mucho más.

Este fallo del Tribunal Supremo es relevante. Pero no por su componente político, que los jueces niegan por completo, sino porque viene a confirmar que la soberanía nacional del Reino Unido reside antes en el Parlamento que en el Gobierno. Y que, sin el visto bueno parlamentario, el Gobierno no puede poner en marcha el proceso del Brexit. Gina Miller, la ejecutiva de inversiones que abanderó el pleito contra el Gobierno por este asunto, manifestó ayer, tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo, que no lo valoraba como una victoria personal o partidista, sino como un triunfo de la Constitución, las leyes y el estilo de vida británicos.

Pese a su significado institucional, es improbable que esta decisión del Tribunal Supremo británico altere en gran medida el proceso del Brexit. Es verdad, como apuntábamos, que se le presentarán enmiendas. Pero nada indica, ahora mismo, que la viabilidad del Brexit haya quedado en entredicho. La mayoría de los agentes políticos y judiciales implicados en él tienen muy claro que la decisión sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea se tomó, de modo irrevocable, el pasado 23 de junio. En esa fecha, los ciudadanos británicos votaron en referéndum, por 52% contra 48%, en favor de dejar de formar parte de la Unión Europea. Esa decisión popular se considera intocable. No cabe olvidar, por otra parte, que en la Cámara de los Comunes los conservadores, mayoritariamente partidarios de la salida, tienen ventaja suficiente. Ni que en la Cámara de los Lores, donde no se da esa mayoría, es probable que impere cierta aquiescencia, toda vez que un hipotético bloqueo del Brexit podría conducir a elecciones anticipadas, tras las cuales el propio futuro de esta cámara podría estar en discusión.

Tras el fallo de ayer –indicativo de que, en último extremo, sólo el Parlamento puede dar o quitar derechos a los ciudadanos británicos–, el Gobierno del Reino Unido debe presentar una hoja de ruta que le permita seguir con sus planes y, al tiempo, atender los requerimientos que comporta el fallo del Tribunal Supremo. Pero quizás lo más destacable de este lance judicial y político, adverso para un Gobierno que pretendía imponer sus planes por la vía rápida, es lo que viene a constatar: que en el Reino Unido la ley impera para todos, incluido el Ejecutivo.