La justicia bloquea la política de deportaciones de Trump
El escándalo por el decreto islamófobo adquiere una dimensión mundial
oeLa suspensión temporal de la orden del presidente sume los aeropuertos en el caos
Senadores, fiscales y premios Nobel se movilizan contra el plan
En medio de una situación de caos en los aeropuertos, protestas en la calle y con los líderes mundiales expresando su rechazo al decreto islamófobo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha empezado a comprobar que el funcionamiento de las instituciones democráticas de su país será el principal obstáculo para llevar a cabo su agresiva agenda política. Al cabo de una semana de tomar posesión, el nuevo presidente de Estados Unidos ya ha colisionado con la justicia, que se ha apresurado a pararle los pies. La contestación política no ha hecho más que empezar y ha adquirido una dimensión transversal.
A las pocas horas de firmar la orden ejecutiva que prohíbe la entrada en Estados Unidos de refugiados de cualquier país del mundo y que afecta además a 134 millones de musulmanes, una jueza de Brooklyn paró los pies al presidente y bloqueó temporal y parcialmente la aplicación de una medida que expertos juristas consideran contraria a los valores constitucionales. Inmediatamente después adoptaron medidas similares jueces federales de Virginia, el estado de Washington y Massachusetts.
La jueza Ann Donnelly, la primera en intervenir, admitió a trámite una solicitud de la Unión Americana de Libertades Civiles para detener las deportaciones de las personas que acababan de llegar a Estados Unidos y habían sido interceptadas en la aduana para ser inmediatamente devueltas a sus países de origen en aplicación del decreto de Trump. El auto de la jueza Donnelly argumentaba el riesgo que significaba para su integridad física la deportación de los transeúntes a sus países de origen.
Como el decreto se estaba aplicando también a ciudadanos con doble nacionalidad y a residentes legales en Estados Unidos que regresaban a sus casas procedentes del extranjero, incluidos veteranos del ejército estadounidense en la guerra de Iraq, otra jueza de Alexandria, Virginia, Leonie Brinkema, dictó un auto para interrumpir durante siete días la aplicación del decreto a los titulares de la carta verde, la licencia que se emite a los extranjeros en EE.UU. y que, tras superar un trámite que suele durar varios años, les autoriza a residir y trabajar legalmente en el país.
Más allá de las consideraciones éticas y políticas, la orden ejecutiva firmada por Trump es además jurídicamente muy imprecisa y no aclara cómo debe aplicarse en infinidad de casos. Por ejemplo, dos profesores de la Universidad de Massachusetts, nacidos en Irán pero residentes legales en Estados Unidos fueron interceptados en el aeropuerto de Logan (Boston) cuando volvían a casa después de participar en un congreso académico. El personal de cabina de los aviones, pilotos y auxiliares de vuelo, también se ven afectados por la restricción ordenada. Los funcionarios encargados del control de seguridad del aeropuerto se vieron desbordados porque no quedaba claro cómo debían interpretar el decreto, inundaron de consultas a la Casa Blanca, que impartió instrucciones contradictorias, sobre todo cuando se trataba de residentes legales.
No fue hasta ayer domingo, después del embrollo judicial que se había organizado que la propia Casa Blanca rectificó sus instrucciones pero también de manera confusa. Reince Priebus, jefe de gabinete, declaró a la MSNBC, que “los titulares de la carta verde no se verán afectados”, pero luego añadió que “si están de viaje de ida y vuelta, van a ser sometidos a una revisión adicional”.
Aunque la acción de la justicia ha logrado frenar algunas deportaciones, la situación de los afectados no está suelta ni mucho menos. Según fuentes oficiales, el decreto afectó el sábado a 375 viajeros, de los que 109, que se encontraban en tránsito a Estados Unidos, vieron cómo se les negaba la entrada y 81 residentes legales tuvieron que hacer frente a un procedimiento judicial. Algunas fueron puestos en libertad pero otros permanecen de momento ba-
jo custodia policial. La contestación a la ofensiva de Trump anuncia una batalla política en varios frentes. No son sólo los grupos de defensa de los derechos civiles los que protestan. Un manifiesto de repulsa ha sido firmado por treinta premios Nobel y miles de académicos universitarios. También los fiscales generales de 16 estados condenaron ayer el veto. Y Al menos ocho congresistas republicanos se han pronunciado en contra , entre ellos cinco senadores, liderados por John McCain y Lindsey Graham, que serían suficientes para revocar la orden si se unen a los demócratas, que, obviamente, han puesto el grito en el cielo. “El decreto tiene mala intención y es antiestadounidense”, declaró Chuck Schumer, líder de la minoría que convocó a los miembros de la cámara a revocarla. The New York Times tituló su editorial: “El decreto de Donald Trump sobre los musulmanes es cobarde y peligroso” y The Washington Post habla de “afrenta a los valores sobre los que se fundó la nación”.
El escándalo tiene una dimensión mundial sin precedentes. Significativa ha sido la reacción del Reino Unido. La primera ministra británica, Theresa May, que se reunió el viernes con Donald Trump en la Casa Blanca para reafirmar la “especial relación” entre Estados Unidos y el Reino Unido, tuvo que movilizar a su gobierno para que intercediera ante la Casa Blanca por los ciudadanos con doble nacionalidad británica y de alguno de los países que figuran en el decreto.
Y a pesar de todo, Trump sigue empeñado en sostener y no enmendar su ofensiva. Para variar, lo primero que hizo al levantarse por la mañana fue un tuit: “Nuestro país necesita fronteras fuertes y una extremada investigación de antecedentes AHORA. Observen lo que está sucediendo en toda Europa y, de hecho, en el mundo, un desastre horrible”. Luego, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado en el que advierte que “el Gobierno de EE.UU. mantiene su derecho de revocar visados en cualquier momento si es necesario para la seguridad nacional”. Con todo, por la noche Trump se vio obligado a contrarrestar las críticas con un comunicado en el que asegura que “esto no es una prohibición contra los musulmanes” y acusó de nuevo a los medios de difundir “falsedades”. “EE.UU. es una nación orgullosa de inmigrantes y vamos a seguir mostrando compasión por los que huyen de la opresión al mismo tiempo que protegeremos a nuestros propios ciudadanos y nuestras fronteras”. El comunicado se difundió después de que Trump tuvo conversaciones telefónicas con el rey de Arabia Saudí y con el príncipe heredero de los Emiratos para diferenciar entre musulmanes amigos y enemigos. Estos países no figuran en la lista de los vetados, aunque la realidad es que ningún ciudadano de los países ha cometido atentado en EE.UU. mientras que 15 de los 19 terroristas del 11-S eran saudíes y dos de los Emiratos.
El Pentágono admitió ayer la primera muerte en combate de un soldado estadounidense bajo la presidencia de Trump. Fue durante un raid contra Al Qaeda en Yemen, pero el comunicado oficial destacaba sobre todo la muerte de 14 militantes yihadistas.
“No hay prohibición a los musulmanes, es una falsedad de los medios” insiste el presidente